«Si contacta con nosotros, tendrá una solución. Por 500 euros no vamos a dejar a una familia sin agua». Esta fue la respuesta que el consejero delegado de Emasesa, Jesús Maza, le dio ayer en el programa La Lupa de El Correo TV a la familia de Vanesa Pérez y Abel Hernández que, con dos hijas de uno y nueve años, viven sin suministro desde el pasado 10 de febrero porque no tienen dinero para pagar el recibo. Maza explicó que el problema de esta familia viene de junio de 2013, cuando los servicios sociales pidieron que se atendiera su caso. Entonces llegaron a un acuerdo, el pago de unos 40 euros mensuales como publicó este periódico el pasado martes «porque nos adaptamos a lo que puede pagar cada familia», apostilló Maza. El consejero delegado añadió que en agosto la familia volvió a incumplir en el pago y se ordenó el corte de agua «porque el reglamento de la Junta lo obliga». «La casa continuó con suministro, ellos lo abrieron, esperamos, pero el reglamento dice que si no hay pago hay que hacer efectivo el corte». «El problema es que hay 350.000 contratos en Sevilla y un protocolo de actuación y si la familia no contacta con nosotros los funcionarios hacen su trabajo. La intención no es dejarles sin agua, pero hay picaresca, viviendas vacías...», argumentó Maza durante la entrevista. «No queremos cortar el agua a nadie. Esta mañana (por ayer) hablé con los servicios sociales para que contacten con nosotros y busquemos una solución», reiteró el también vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico. Fuentes municipales indicaron que se han reforzado los servicios de atención a disposición de los clientes de Emasesa, incluyendo una atención personalizada, estudiándose las situaciones particulares de los mismos y ofreciendo soluciones que, dentro de la normativa que regula este servicio, permitan dar una respuesta, «llegando en la mayoría de los casos a soluciones satisfactorias para ambas partes, lo que ha evitado el corte de suministro». En el pasado año 2013 se evitaron 7.200 cortes valorados en 1,5 millones de euros. Por eso Maza subrayó que la familia de Vanesa en las «escasas ocasiones que se ha personado en nuestras oficinas, fue atendida, concediéndole aplazamientos y fraccionamientos de pago». Fuentes de la empresa incluso aseguraron que de las gestiones con entidades de beneficencia el cliente no reportó a Emasesa información alguna. «Tal y como se viene haciendo en estos casos, en cualquier momento, se hubiera podido renegociar la deuda y reconectar el servicio automáticamente», afirmaron. Explicaron que el pago de las facturas a su vencimiento viene regulado por un reglamento de la Junta de Andalucía, el Decreto 120/91 de 11 de junio, modificado por el Decreto 327/2012 de 10 de julio y que el incumplimiento de esta obligación causa suspensión del suministro y, en su caso, extinción del contrato, según los artículos 66 y 68 del mencionado Reglamento, explicó la empresa de agua. No obstante, y para facilitar el pago de la factura a clientes con dificultades económicas, Emasesa trabaja con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, estudiando cada situación particular para, dentro de la normativa que regula este servicio, buscar una respuesta, insistieron. Además, fuentes de la empresa alegaron que el abastecimiento de agua potable es solo un 30% de la factura, el saneamiento el 28%, y el resto lo componen partidas ajenas a la gestión de Emasesa (canon autonómico, tasa de basuras, IVA). «En caso de impago habría que decidir qué hacer con el resto de partidas y quién es el responsable de abonarlas o de exonerarlas», concluyeron. Los grupos de la oposición, PSOEe IU, coincidieron ayer en denunciar la «falta de sensibilidad» del Gobierno de Juan Ignacio Zoido dado que «se están dando más casos de familias sin recursos a las que se les corta el agua», advirtió el portavoz adjunto socialista, Antonio Muñoz. Tanto él como el coordinador provincial de IU, José Antonio García, reclamaron una «solución urgente» porque los «bonos sociales no resuelven nada». PSOE e IUcritican gastos como los 180.000 euros para un helicóptero que se ubicará en una rotonda, «cuando no se garantiza ni un mínimo de agua a los que lo necesitan», apostilló García.