La Red Española contra la Trata de Personas denunció ayer que las autoridades españolas han negado el reconocimiento del derecho al periodo de reflexión, recogido en la Ley de Extranjería, a una mujer nigeriana embarazada y presunta víctima de explotación sexual, que será expulsada hoy del país.
En un comunicado, la citada organización asegura que a pesar de la solicitud del periodo de reflexión, ninguna "de las numerosas autoridades" que han tenido conocimiento de la situación de la mujer ha reconocido este derecho ni le ha concedido ninguna medida de protección.
En opinión de la directora ejecutiva de Womens's Link, organización integrante de la Red, Viviana Waisman, a la mujer, quien según el comunicado está amenazada de muerte en su país de origen, no se le ha reconocido su condición de víctima de trata ni su estado de embarazo.
"Esta actitud por parte del Estado supone una flagrante violación de los derechos humanos", apostilló Waisman. El artículo 59 bis de la Ley de Extranjería indica que cuando se estima que existen motivos "razonables" para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, la autoridad competente resolverá la propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión.
Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, 30 días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante este período, prosigue el artículo, se le autorizará la estancia temporal y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas.
Ante esta situación, la Red Española contra la Trata de Personas subraya que el Estado "incumple" con su deber de proteger a las víctimas de trata, a las que, a su juicio, "se les está negando el periodo de reflexión".
