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Embargan 141 millones a Boliden por el vertido

Todo un precedente para una Europa cada vez más unida y un mundo cada vez más global: la multinacional Boliden puede ser sometida a embargo en Suecia a petición de un tribunal sevillano y responder así en nombre de su filial Boliden Apirsa, causante del mayor desastre ambiental en España, el vertido de Aznalcóllar.

el 15 sep 2009 / 17:16 h.

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Todo un precedente para una Europa cada vez más unida y un mundo cada vez más global: la multinacional Boliden puede ser sometida a embargo en Suecia a petición de un tribunal sevillano y responder así en nombre de su filial Boliden Apirsa, causante del mayor desastre ambiental en España, el vertido de Aznalcóllar.

La decisión la ha tomado el Tribunal Sueco de Apelaciones -equivalente a una Audiencia Provincial española-, que acaba de dar por bueno un auto del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla que vinculó en junio de 2007 a la multinacional matriz y a la filial española y reclamaba ejecutar un embargo cautelar de 141 millones de euros a la empresa sueca.

El auto de ese tribunal sueco lo adelantó ayer el diario económico Cinco Días. La principal beneficiaria será la Junta de Andalucía, que reclama 89 millones de euros por la limpieza de los lodos tóxicos del río Guadiamar. Y por primera vez el Gobierno andaluz ve su reclamación admitida por tribunales de apelación de Suecia, con posibilidades de ganar después de diez años de derrotas para llevar al banquillo a Boliden.

El juzgado sevillano ha logrado imponer el embargo cautelar en Suecia al segundo intento: un tribunal ordinario del país nórdico lo rechazó en primera instancia, aunque posteriormente el juez de lo Mercantil recurrió y ahora acaba de ver prosperar su apelación.

Para el profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pablo de Olavide Alfonso Ybarra, la decisión de la sala de apelación escandinava es importante porque reconoce el llamado levantamiento del velo: en el argot jurídico, destapa quién responde, toma las decisiones, aporta los fondos y administra una empresa filial: su matriz. Y esta decisión sienta todo un precedente. Hasta ahora los tribunales no solían relacionar a las empresas matrices con sus filiales.

Amparándose en este velo que nunca se levantaba, tras el vertido tóxico de 1998 la empresa española Boliden Apirsa fue declarada en suspensión de pagos desde Suecia (año 2000) y posteriormente adelgazada hasta que se quedó limitada a un capital social de 3.000 euros, suma ridícula en el caso de que la Justicia española la embargase para hacer frente a indemnizaciones o simplemente aplicar el principio de quien contamina, paga.

La decisión del Tribunal Sueco de Apelaciones obliga asimismo a la Junta y al resto de acreedores -el Gobierno español, que le reclama nueve millones de euros, y empresas privadas, que reclaman 43- a depositar un aval por esos 141 millones de euros que el juzgado sevillano reclama a Boliden Suecia "en relación con el procedimiento de insolvencia sobre la filial española de Boliden, Apirsa", como expone la propia multinacional en su página web.

¿Habrá recurso? Esta multinacional, que se declara "posibilitada para recurrir ante el Tribunal Supremo de Suecia", como expresó ayer su portavoz, Marcela Sylvander, todavía no ha decidido si apelará o no, aunque recuerda que el tribunal que declara sus bienes en el país nórdico objeto de embargo "no ha entrado en el fondo sobre las reclamaciones por la quiebra de su filial", y confía en que la compañía "no sufra ningún quebranto económico importante a causa de los procesos legales en marcha por la rotura accidental de la balsa en España".

La decisión del tribunal de apelación es la primera victoria -bien que todavía parcial- de la Junta ante Boliden: en el año 2000 quedó archivado el proceso penal contra la multinacional, y en el año 2003 el proceso por la vía civil. La última vía abierta, la contencioso-administrativa, está ahora mismo debatiéndose el ser o no ser en el Tribunal Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la cerrara también a finales de 2007.

Y es que el embargo recién autorizado corresponde a otra batalla judicial: el concurso de acreedores. El jugado de lo Mercantil de Sevilla lo que está es buscando alguien que responda por todas las deudas que dejó atrás Boliden Apirsa cuando declaró su quiebra definitiva, en febrero de 2005.

Por ello ha pedido permiso a Suecia para hacerse allí con activos "de las personas jurídicas o físicas responsables de la mala gestión de la empresa". En lenguaje de la calle: embargará el patrimonio de Boliden o el de sus directivos.

Pero nada en una batalla judicial que dura ya diez años es fácil: para empezar, la resolución de embargo del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla no es firme, explica el profesor de la Pablo de Olavide -de ahí que el tribunal sueco exija un aval, por si los acreedores pierden al final-.

Complejidad . Y es que, aunque ahora la pelota está en el tejado de los tribunales suecos -el juzgado sevillano tiene que pedir a un juez escandinavo que ejecute el embargo-, en un futuro puede darse que no se condene en España a Boliden a pagar los 141 millones de euros, prosigue el profesor Ybarra. "Pero de momento el tribunal de apelación ha abierto la puerta para que la Junta pueda embargar en Suecia a Boliden", destaca.

"No es la primera vez que se produce un embargo entre particulares de dos Estados distintos miembros de la UE", añade este experto, que ve aventurado exponer que se trata del primer caso de levantamiento del velo, aunque en cualquier caso sí es de los primeros. "El de Boliden es uno de los casos judiciales más complejos", apostilló.

Para rematar esta complejidad el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla es uno de los más colapsados de España, entre otras cosas, por la saturación que ha supuesto la resolución del caso Contsa, con 265 demandas para retrasar su decisión.

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