El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha ordenado contra José María Ruiz-Mateos y sus hijos José María, Álvaro y Francisco Javier el embargo preventivo y prohibición de disponer de bienes y derechos hasta cubrir la cantidad de 681,02 millones de euros en que se valora actualmente el déficit patrimonial de Clesa. En un auto con fecha 30 de marzo, el juez alude a la "previsible calificación culpable del concurso", al sostener que el fundador de Nueva Rumasa y sus tres hijos, como administradores de la empresa láctea, realizaron en los dos años anteriores a la declaración de la suspensión de pagos actos que "determinaron y agravaron la situación de insolvencia" de Clesa.
En concreto, explica que "con sus actuaciones u omisiones" permitieron la explotación de una actividad empresarial "incapaz de generar beneficio bastante" para atender a sus propios gastos de explotación, al tiempo que enajenaron bienes y destinaron esos ingresos a favor de terceras sociedades del grupo o asumieron obligaciones de pago solidarias "en exclusivo beneficio de sociedades del grupo". El magistrado acuerda librar oficio a la Oficina de Averiguación Patrimonial para que informe de los bienes y derechos titularidad de los demandados y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial a fin de que detalle los bienes o derechos propiedad de los Ruiz-Mateos que le consten como consecuencia de las actividades de investigación realizadas.
También ordena requerir, mediante auxilio internacional, a Union des Banques Suisses y a Credit Suisse que certifiquen si el empresario andaluz y sus tres hijos tienen abierta alguna cuenta corriente o de otro tipo en estas entidades de crédito o sus filiales, si existe cuenta numerada en la que alguno de ellos figure como titular o como "cotitular oculto" o si existe cuenta corriente o de otro tipo de cuyo saldo cualquiera de ellos pueda disponer. "En el oficio se especificará que esas personas son administradoras de hecho o de derecho de Clesa SL, sociedad declarada en concurso de acreedores, y se incluirá la expresa prohibición de disponer de los saldos de dichas cuentas, salvo expresa autorización de este Juzgado", prosigue el auto judicial. Igualmente, el juez ha decidido remitir un exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional a fin de que se expida certificación de los bienes y derechos, incluidos saldos en cuentas bancarias, que en las diligencias previas o en sus piezas separadas se hayan identificado como propiedad de José María Ruiz-Mateos o de sus hijos José María, Álvaro y Francisco Javier, y de aquellos que hayan sido objeto de embargo por parte del juzgado. El magistrado pide asimismo información patrimonial a la Agencia Tributaria, la Consejería de Economía y Hacienda, al Registro Central de la Propiedad, a la Dirección General del Catastro y a la Oficina de Patentes y Marcas.
Evitar la "distracción u ocultación de bienes"
En el auto se justifica la conveniencia de adoptar estas medidas cautelares "en cuanto la necesaria prolongación del proceso concursal puede impedir la tutela efectiva de los derechos de los acreedores" y se defiende que se adopten sin audiencia de los demandados, al entender que "la audiencia de los demandados puede determinar la infructuosidad de la medida cautelar del embargo mediante la distracción u ocultación de sus bienes". En este sentido, el juez recuerda que esta medida de embargo es "por su cuantía e importancia" la más relevante de las acordadas, lo que "dota de razones de urgencia a su efectividad".
Hasta el momento, además de los ordenados por la Audiencia Nacional, se ha decretado el embargo preventivo de bienes por valor de 618,26 millones de euros en el marco del concurso de Grupo Dhul, donde también se bloquearon los derechos de cobro que pudiera tener la familia Ruiz-Mateos ante una eventual resolución a su favor en los litigios abiertos por la expropiación de la antigua Rumasa.
