Embargan dos coches y una vivienda al exdirector de Trabajo Daniel Rivera

El embargo se produce para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros que le impuso la juez Alaya.

el 09 mar 2014 / 12:50 h.

El Juzgado que investiga el caso de los expedientes de regulación  de empleo (ERE) irregulares ha acordado embargar dos vehículos, una  vivienda y todos sus saldos bancarios al exdirector general de  Trabajo de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera para cubrir la  fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros que le impuso  la juez Mercedes Alaya. daniel_riveraq_comision_EREPor medio de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la  secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Rosa María  Vélez, argumenta que, "no habiéndose designado bienes" por parte del  imputado sobre los que trabar embargo ni "tampoco consignado cantidad  alguna hasta la fecha", procede el embargo de los bienes resultantes  de la averiguación patrimonial efectuada. Por todo ello, el Juzgado decreta el embargo de dos vehículos  propiedad de Rivera, en concreto un BMW modelo 320DMAN y un Hyundai  Scoupe, así como de una vivienda en planta ático de la urbanización  La Herradura y de un local destinado a plazas de aparcamiento en la  localidad de Roquetas de Mar (Almería). Asimismo, decreta el embargo telemático sobre los saldos bancarios  que ostente el imputado de todas las entidades bancarias adheridas a  la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sobre  las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria. De igual modo, la secretaria ha dictado una diligencia de  ordenación, consultada por Europa Press, en la que ordena proceder a  la averiguación de bienes del imputado a través de la consulta  integral patrimonial de bienes del Punto Neutro Judicial. Hay que recordar que Daniel Alberto Rivera compareció en julio de  2012 ante la juez Mercedes Alaya, que le imputó los presuntos delitos  continuados de omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en  la custodia de documentos, prevaricación y malversación. CERCA DE 43 MILLONES EN AYUDAS DE LEGALIDAD "CUESTIONADA". La magistrada le imputa haber otorgado 42.947.915,24 euros en  ayudas pese a los informes jurídicos que cuestionaban la legalidad  del sistema de ayudas ideado en el año 2001 y regulado por medio de  un convenio-marco, así como no haber aportado todos los expedientes  requeridos por el Juzgado y que se encontraban bajo su  responsabilidad directa y la "desaparición" de algunos documentos  relacionados con los expedientes de las ayudas. En su declaración, Rivera reconoció que "heredó" de sus  antecesores una serie de compromisos para pagar ayudas sociolaborales  que incluían "elementos tóxicos, es decir, se incluyeron personas que  no pertenecían a las empresas" en cuestión.

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