El Tribunal de Cuentas ha embargado un piso al secretario provincial del PP de Almería, José Luis Aguilar, por su supuesta responsabilidad en una cuantía de 7.454 euros derivados de irregularidades en la gestión de la Agencia de Comunicación Local cuando era su consejero delegado.
Según la providencia del pasado 26 de noviembre, a la que tuvo acceso el periódico Ideal de Almería, el instructor del caso ha decidido, dentro de las actuaciones previas que se siguen como consecuencia de un presunto alcance -valoración de la cuantía- por un importe de 7.454,28 euros, de acuerdo con el acta de liquidación provisional practicada el 24 de septiembre, adoptar esta medida contra José Luis Aguilar, al que considera "presunto responsable" por este dinero.
Las actuaciones del Tribunal de Cuentas se iniciaron después de que el entonces presidente de la Diputación, José Añez (PAL), denunciara el 1 de diciembre de 2006 irregularidades en la gestión financiera de ACL, según un informe encargado por la institución provincial a un despacho de abogados de Granada sobre la gestión que el equipo de gobierno de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), actual alcalde de Almería, realizó en la emisora desde su creación y hasta que Añez tomó posesión de su cargo como presidente.
La providencia recuerda que el 7 de junio se recibió en el Tribunal de Cuentas un escrito de José Luis Aguilar "ofreciendo en garantía del presunto alcance -de la cuantía- una finca de su propiedad ubicada en el Paseo de Almería". Ahora que ha avanzado el procedimiento y siguiendo el funcionamiento previsto, el Tribunal de Cuentas ha decidido "acordar el embargo provisional" del citado piso.
Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas notificó en junio al secretario provincial del PP en Almería que contaba con un plazo de diez días para garantizar el pago de los 7.400 euros que le reclama la Diputación Provincial por un presunto perjuicio en su gestión de la radio de la Agencia de Comunicación Local ACL Radio. El diputado popular Manuel Alías explicó que la Diputación solicita esta cantidad en relación a cuatro cheques, por importes respectivos de 3.500, 1.200 y dos de 200 euros cada uno, que, según la Diputación, estaban firmados por Alías y Aguilar sin estar acompañados de la correspondiente factura.
Sin embargo, el diputado argumentó que en aquel momento aportaron al delegado instructor una copia de esos cuatro cheques en la que consta que no están firmados por ellos, sino por el interventor de la Diputación, que no han debido de servir, porque al final el tribunal ha acordado el embargo y no se ha archivado el caso, sino que continúan las diligencias del mismo.
Una vez que el Tribunal de Cuentas resuelva la liquidación, su decisión servirá de base para el enjuiciamiento por posible delito que tiene paralizado el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería, que es el que lleva el caso.
