El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga) ha decretado el embargo "del sueldo y demás emolumentos" del concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina, imputado en la presunta trama de corrupción municipal Astapa, hasta cubrir una deuda de 620.044,43 euros. Esta cantidad es reclamada en un procedimiento que se sigue a instancia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que data de 2006 y en el que no se especifica el origen de la deuda.
El juzgado, según documentación a la que tuvo acceso Efe, ha presentado un escrito por registro de entrada del ayuntamiento con fecha 10 de agosto de 2010 en el que expresamente solicita al consistorio que proceda a la retención del sueldo de Reina, que es de 1.500 euros mensuales. En el documento se insta además al ayuntamiento a efectuar el correspondiente ingreso de la cuantía en la cuenta de depósitos y consignación del juzgado.
El concejal del PES está en libertad bajo fianza de 150.000 euros a raíz de su detención e imputación en el caso Astapa, que se inició el 17 de junio de 2008. El juez imputa al edil -quien por su presunta implicación en esta causa permaneció seis meses en prisión preventiva- los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo y fraude.
una extensa trama. La causa por el entramado de Astapa suma 70 imputados y los delitos que se les atribuyen van desde el blanqueo de capitales a la prevaricación, pasando por el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias, entre otros. Entre los imputados figuran el ex alcalde socialista, Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de Gabinete, José Flores, y los ediles del Partido Estepona, José Ignacio Crespo y Manuel Reina, que sí continúan formando parte de la corporación municipal. También figuran otros seis ediles no adscritos, cinco de los cuales fueron expulsados del PSOE a raíz de su imputación en la presunta trama de corrupción.
A finales de julio se reactivó el caso. El juez que instruye la presunta trama, Jesús Torres, volvió a realizar una ronda de declaraciones e imputó a dos personas más (un hombre y una mujer) en esta causa, sumando un total de 70 implicados, entre empresarios, políticos y familiares de éstos. También comparecieron nuevos testigos.
La trama salió a la luz pública el 17 de junio de 2008, pero comenzó mucho antes. La investigación se inició a raíz de la denuncia del actual alcalde de Estepona, David Valadez, y la edil socialista Cristina Rodríguez. Las pesquisas policiales, apoyadas en pinchazos telefónicos, permitieron detectar supuestas irregularidades en el pago de los gastos municipales, la financiación de partidos políticos y el enriquecimiento de particulares. También sacaron a la luz el posible cobro de comisiones y de presuntas irregularidades en la contratación de personal y en la adjudicación de obras licitadas por el ayuntamiento.
