El juzgado que instruye el caso de los ERE ha embargado distintas propiedades al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y a los exdirectores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera para cubrir sus fianzas civiles de 7,2 millones, 46,6 y un millón de euros respectivamente. La secretaria del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, en un decreto al que ha tenido acceso Efe, acuerda embargar a Mañas un piso en la calle Rafael Salgado de Sevilla, un vehículo Citroen Xsara, sus saldos bancarios y las posibles devoluciones de la Agencia Tributaria. La juez de los ERE, Mercedes Alaya, impuso a Mañas una fianza civil de 7.282.653 euros porque durante su mandato entre 2010 y 2012 fue informado de lo que había acontecido con las ayudas que otorgaba la dirección general de Trabajo pero "incumplió con el deber legal de poner los hechos en conocimiento de la Justicia". Por otra parte, el juzgado embarga a Lozano un piso de Málaga, inscrito con carácter ganancial, y el 33 por ciento de una finca urbana de Andújar (Jaén), así como sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria. A Buenaventura Aguilera le embarga su participación en un total de nueve inmuebles urbanos o fincas rústicas en Priego de Córdoba (Córdoba), así como sus saldos bancarios y devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria. En septiembre de 2013, la juez impuso una fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones de euros a Lozano por su papel en las transferencias de financiación que se usaron para "obviar el procedimiento legal". La juez dijo entonces que Lozano, que ocupó el cargo entre 2002 y 2009, reconoció en su declaración que la partida de las transferencias de financiación "no podía utilizarse para conceder subvenciones" y que, al obviar el procedimiento legalmente previsto para gastos de esta naturaleza, se evitaba "la fiscalización previa por parte de la Intervención General". A la hora de cuantificar la fianza, "nos encontramos con la complejidad de las altas cifras que se han utilizado sin el menor control en cada ejercicio económico", dijo Alaya, y añadió que este hecho fue consentido, entre otros, por Lozano. En cuanto a Aguilera, que fue director general entre 2009 y 2012, la fianza de un millón de euros se justificó como presunto responsable del "mantenimiento del sistema de concesión de ayudas al margen del procedimiento legal de subvenciones". Mañas, Lozano y Aguilera se encuentran entre la veintena de ex altos cargos del gobierno andaluz imputados en junio de 2013 en el caso de los ERE, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, contra quien Alaya ha iniciado el proceso para embargarle bienes por importe de 29,6 millones de euros.
