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Empleo alega que un ex alto cargo avaló el ERE sin base legal

La Junta remite a la juez tres pólizas de 6,8 millones firmadas por un directivo

el 10 nov 2010 / 21:10 h.

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La Consejería de Empleo ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 en el que ratifica lo expresado en público por su titular Manuel Recio y en el que deja en evidencia una actitud irregular por parte su ex director general Francisco Javier Guerrero Benítez en la gestión del Expediente de Regulación de Empleo de Mercasevilla. El ERE, que está siendo investigado por la magistrada Mercedes Alaya en el marco del proceso por delitos societarios, fue planteado por la empresa contando con el respaldo económico de la administración autonómica, cuyo director general incluso llegó a firmar tres pólicas suscritas con el Banco Vitalicio por un importe de 6,8 millones de euros para garantizar los pagos. Pese a esto, y una vez que estalló el escándalo de la empresa de mercados, la Junta se desvinculó de este proceso, una postura que ahora ratifica de forma oficial ante el Juzgado.

En el escrito, la Junta niega "rotundamente" cualquier compromiso de pago y alega que en ningún momento se han realizado los trámites necesarios para estas subvenciones ni se han cumplido los reglamentos internos. "No existe en este centro directivo ningún procedimiento subvencional disciplinado con arreglo a las normas de derecho administrativo especial que culminado con una resolución o convenio administrativo reconozca la subvención o ayuda descrita", argumenta el documento, que admite la existencia de pólizas y documentos de su entonces director general cuya validez niega. "No puede vincularse a un tercero ajeno al contrato a pagos del mismo sin que conste su firma y consentimiento, ni desde la perspectiva jurídico-pública la administración puede quedar vinculada a subvenciones en base a la voluntad inter privatos".

Pese a esto, la firma de la cual se desmarca por completo la Junta de Andalucía es la de su ex director general de Trabajo y Seguridad Social, al que acusa de haber autorizado pagos por un importe de 6,8 millones para 34 trabajadores que se habían acogido a un plan de prejubilaciones sin tener la suficiente base legal ni la autorización necesaria para garantizar esta financiación. El primero de estos documentos se firma el 5 de noviembre de 2007, por un importe de 3,4 millones de euros para pagar la prejubilación a 19 ex trabajadores aplicable a partir del 1 de abril de 2008.

El segundo se firma el 2 de enero de 2008 por un importe de 1,6 millones de euros para siete ex empleados. Por último, el tecero se suscribe el 27 de abril de ese mismo año por 1,9 millones de euros para ocho ex empleados. En ese último día, el ex director general fue cesado, una decisión que el actual consejero vinculó a su gestión de estos expedientes. En los documentos aportados al juzgado no hay una cuarta póliza que debió haberse suscrito para los empleados restantes que se acogieron al ERE.

Pese a estos documentos, la Junta no ha aportado cantidad alguna a la financiación del ERE, cuyo coste asume en solitario Mercasevilla que presta el dinero a la espera de su reembolso.

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