El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado.
El mismo día que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, denunció ante la Comisión Europea que el Gobierno de Rajoy financiará parte de la ley de educación con fondos europeos destinados a la lucha contra el paro juvenil, la Cámara de Cuentas andaluza destapó en un demoledor informe el descontrol en la concesión de ayudas para la formación de parados por parte de la Junta de Andalucía. El dinero público que ha sido objeto de un supuesto uso irregular también proviene del Fondo Social Europeo. El revuelo que ha levantado el informe del órgano fiscalizador ha puesto en aprientos al gabinete de Díaz, que abandera un discurso de transparencia y tolerancia cero contra la corrupción. Como escenario de fondo asoma el fraude de los ERE y el supuesto desvío de ayudas para la formación de parados por parte de UGT, que investiga la jueza Alaya y la Junta.
La primera reacción del Gobierno andaluz al conocer el informe fue recordar que éste había sido encargado por la administración, y que sus recomendaciones siempre se tienen en cuenta. Pero ayer cayó una lluvia ácida de críticas, incluidas las del socio de Gobierno (IU), y la Consejería de Economía se apresuró a anunciar que auditará las ayudas de formación, gestionadas por la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde la Cámara de Cuentas ha detectado un agujero contable de 48,8 millones de euros. El informe concluye que «en 2009 y 2010 se empleó el régimen de concurrencia no competitiva en el 89% (276 millones) y en el 36% (156 millones) respectivamente de las ayudas otorgadas para la Formación Profesional para el Empleo». En estos dos años, la CEA recibió 83 millones, UGT y CCOO, 63 millones respectivamente, y la Faffe, 66,3 millones.
La Junta «excluyó» del procedimiento de concesión a los sindicatos sin representación mayoritaria, «obviando los principios de la Ley de Subvenciones, tales como el de igualdad, transparencia, concurrencia y objetividad». Uno de los afectados por esta política fue el sindicato de funcionarios CSIF, que tiene recurridos en los tribunales los convenios de 2009 y 2010 sobre estas ayudas, «al considerar que se vulneraron los principios de igualdad y libertad sindical». Empleo asegura «no tener constancia de sentencia al respecto». Sin embargo, existe un precedente muy similar, que surge también a partir de un recurso interpuesto por CSIF contra la concesión de unas ayudas en 2005. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró nulas en 2009 unas ayudas del acuerdo de Concertación Social de 2005 otorgadas por la Junta a los sindicatos CCOO (8 millones) y UGT (8 millones) y a la patronal de empresarios (16 millones) en materia de formación profesional ocupacional. Los jueces también dejaron sin efecto la orden posterior con la que la Consejería de Empleo trató de justificar la falta de concurrencia competitiva. Dicha orden «exigía a los solicitantes de determinadas subvenciones que tengan el carácter de más representativas». Esto excluyó del concurso por las ayudas a CSIF, que recurrió el procedimiento, como también ha recurrido las ayudas de 2009 y 2010. Las sentencias del TSJA respecto a las subvenciones de 2005 fueron declaradas firmes por el Supremo en noviembre de 2012. La Junta esgrimió la imposibilidad de cumplir la sentencia porque los cursos ya se habían realizado.
sin justificar. En otro punto, el informe de la Cámara también detectó en el programa de formación para el empleo, al cierre de los ejercicios 2009 y 2010, 103 millones y 330 millones de libramientos pendientes de justificar fuera de plazo. Al respecto, los auditores recuerdan a la Junta que la ley establece la «imposibilidad de proponer el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las concedidas con anterioridad por la administración autonómica y sus agencias, con cargo al mismo programa».
La Consejería de Economía y Empleo, a la que estaba adscrita la Faffe, respondió al informe, el jueves, matizando que el proceso de justificación de las subvenciones investigadas por la Cámara de Cuentas «no ha concluido aún», debido a que la resolución de ambas ayudas, de 2009 y 2010, resulta «especialmente complicada por el propio trámite de liquidación». Sin embargo, sobre este punto, el mismo informe advierte de que «se han detectado retrasos en la comprobación de las justificaciones de casi dos años». «El importante volumen pendiente de justificar se debe al retraso existente por parte de los órganos gestores [Empleo] en la revisión de la justificación presentada por los beneficiarios, previa a la liquidación del expediente», concluye el texto, y añade: «solamente el 39% de los expedientes justificados de la muestra del informe se encuentra revisado y liquidado». El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, fue ayer más rotundo y anunció la puesta en marcha del procedimiento de auditorías con el fin de obtener «más información y análisis de la justificación pendiente de las dos grandes subvenciones a la extinta Faffe». Maldonado recordó que desde 2010 la Junta sigue «todas las recomendaciones que nos hacen».
