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Empleo detecta irregularidades en 3.790 contratos subvencionados con fondos de la UE

La Guardia Civil detectó un fraude de 23 millones en 5.800 empresas que investiga la Fiscalía. La Junta ha iniciado la revisión de todas las contrataciones subvencionadas desde 2003 y lleva el 25%. 

el 07 abr 2011 / 11:14 h.

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El consejero de Empleo, Manuel Recio, en comisión parlamentaria.
La Consejería de Empleo ha iniciado la revisión de las contrataciones subvencionadas con fondos europeos entre 2003 y 2010 tras la denuncia realizada por la Guardia Civil y que actualmente investigan las fiscalías provinciales. En este tiempo, se concedieron incentivos por 136 millones de euros para contratar o hacer indefinidos a 59.240 trabajadores y la Junta ha revisado 15.063 (el 25%) entre los que ha detectado "salvedades" o "incumplimientos" en 3.790, el 25% de los revisados.

 

La mayoría se deben a que la empresa despidió al trabajador antes de los cuatro años a los que estaba obligada a mantenerlo tras recibir el incentivo. Una irregularidad en la que el consejero de Empleo, Manuel Recio -que ofreció ayer estos datos en comisión parlamentaria- dijo no ver "voluntad de fraude" en las pequeñas y medianas empresas que percibieron las ayudas y a las que pidió "no estigmatizar" sino un efecto de la crisis que les impidió mantener su compromiso y que auguró aparecería en cualquier comunidad si se investiga. El incumplimiento obliga a reintegrar las ayudas y la Junta ya ha abierto 41 expedientes para solicitar la devolución de 107.

La oposición le recriminó que los controles se hayan iniciado ahora, al igual que con los ERE, tras la detección del fraude por parte de la Guardia Civil, que lo eleva 23 millones en 5.800 empresas, aunque la mayoría no alcanza el delito (a partir de 120.000 euros defraudados)y son faltas administrativas. Recio explicó que estas ayudas eran inspeccionadas por "muestreo" de una representación aleatoria. Con este sistema, entre 2007 y 2011 la Junta exigió el reintegro de 8.911 ayudas de las que ya han sido devueltas 5.726. A raíz de la denuncia de la Guardia Civil, Empleo las está revisando todas de nuevo desde 2003.

IU y PP cuestionaron la "fiabilidad" del control aleatorio a la luz del fraude. "¿Qué control?", "¿por qué aparecen altas en Empleo que no están en la Seguridad Social?", "¿su Consejería no se enteró y sí la Guardia Civil?", "¿va a mantener a los delegados provinciales que no controlaron?", "con el control aleatorio o no se han enterado o han ocultado", le recriminó el diputado popular José Loaiza. También le reprochó que ahora se plantee revisar todas las ayudas "porque les han pillado". "Esto había que haberlo hecho de salida", dijo el diputado de IU Pedro Vaquero.

Recio defendió el muestreo de uso habitual en las instituciones "porque cuando son muchas ayudas es imposible mirarlas todas" si bien reconoció: "Ahora yo ya no hago nada aleatorio". Anunció la puesta en marcha de un sistema informático que automáticamente relaciona los datos de la vida laboral de los trabajadores con los incentivos concedidos y se revisarán semestralmente. Para el PP, al igual que con la nueva orden que regulará las ayudas a los ERE, el anuncio de nuevos controles implica "que antes no había".

 

Un caso de "mayor riesgo financiero", según la UE

La oficina antifraude de la UE, organismo independiente de la Comisión Europea (CE), está investigando las “serias irregularidades y el posible fraude” en el uso de las subvenciones para el empleo que ha recibido el Gobierno andaluz del Fondo Social Europeo. En una nota remitida a este periódico, la OLAF confirmó que “la investigación administrativa y judicial está en proceso” y por tanto deben “respetar la confidencialidad” del procedimiento. El caso ha sido clasificado como “grave”, “de mayor riesgo financiero, de reputación para las instituciones europeas y de organización sistémica”. La oficina antifraude enviará un informe a la Fiscalía General del Estado, en España, y a la Comisión Europea que, en caso de confirmarse el fraude, “podría presentarse como parte civil afectada en el caso de corrupción en Andalucía” y “solicitar al Gobierno andaluz la devolución de las ayudas europeas”, según fuentes de la CE. La oficina antifraude, respaldada por los Estados miembros, recupera 500 millones de euros al año.

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