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Empleo investigará los expedientes "sospechosos de tener irregularidades"

El consejero Manuel Recio niega que exista un "fondo de réptiles" y afirma que las ayudas se tramitaban de forma individual y dependían sólo del director general

el 04 feb 2011 / 13:54 h.

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Juan Espada en la visita de esta mañana a los vecinos del Zodiaco.

Después de que el informe de la Policía y la declaración del ex director general Javier Guerrero Benítez pusieran en duda un fondo de ayudas a empresas en crisis que ha contado en los últimos años con 647 millones de euros, el consejero de Empleo defendió ayer públicamente la legalidad de los trámites que se seguían para la concesión de estas subvenciones durante estos años. Manuel Recio anunció que reforzará la investigación interna en aquellos expedientes en los que haya “sospechas fundadas de algún tipo de irregularidad”, abrió las puertas a iniciar medidas legales contra Javier Guerrero y subrayó que cualquier ilegalidad que se detecte será remitida al juzgado.


“En los fondos de ayudas concedidas entre 2001 y 2009 no hay ninguna ilegalidad que yo conozca. Los fondos son legales, y si hay alguna ilegalidad, yo mismo procederé a llevarlo al juzgado”, apuntó el consejero de Empleo, quien compareció acompañado del viceconsejero, Justo Mañas, y del director general de Trabajo, Daniel Rivera. Recio defendió la legalidad de los 647 millones cuestionados por la Policía Judicial e incidió en que son fondos “fiscalizados” y que pasan por el Parlamento y por la Intervención.

Pero lo que pone en cuestión el informe policial y la declaración de Guerrero es la tramitación administrativa de cada una de las ayudas que se realizan con estos fondos. En este punto Recio aportó ayer una explicación que hasta ahora no había empleado al justificar los ERE de Mercasevilla. Según su relato, las subvenciones a las prejubilaciones se tramitaban como “ayudas individuales”, de forma que siempre quedaban como cantidades reducidas que quedaban dentro de las competencias del director general –sin llegar ni al consejero ni al Consejo de Gobierno, como advierte la Policía–. Esto hacía innecesario además que las ayudas se publicaran en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Sólo era necesario firmar un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que tramitaba las ayudas a los prejubilados.

Esta explicación deja todas las competencias de un fondo de 647 millones de euros, en manos del director general. Así lo recoge, según Recio, el decreto de estructura de Consejería. Pese a esto, el argumento contrasta con las aclaraciones aportadas por la propia Consejería sobre el ERE de Mercasevilla de 2007. La Junta se desmarcó de este expediente alegando que el entonces director general no tenía competencias para suscribir las pólizas.


A pesar de esta defensa de la legalidad de los fondos, la Consejería de Recio modificó el sistema de gestión de estos fondos –con un informe hecho en la etapa de Antonio Fernández– e inició una investigación interna de las ayudas tramitadas que se centra, como admitió Recio, en los “expedientes en los que hay sospechas fundadas de que haya algún tipo de irregularidad”. “Como hasta ahora, si hallamos algo, lo denunciaremos”. 

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