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Empleo rectifica y defiende la gestión de Viera en el ERE

El PSOE insiste en la legalidad de los expedientes de 2003 y de 2007.

el 10 dic 2010 / 19:45 h.

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Antonio Sanz y Juan Ignacio Zoido, en el Parlamento.

Una semana después de denunciar públicamente cinco irregularidades en el ERE de 2003, gestionado cuando José Antonio Viera era consejero de Empleo, el actual titular de esta cartera, Manuel Recio, rectificó ayer en sede parlamentaria. Eludió en todo momento el término "irregularidades", aludió a "interpretaciones del expediente" y defendió la gestión del actual secretario general del PSOE de Sevilla y de todos los que han desempeñado el cargo antes que él. El giro en una polémica que había provocado diferencias entre la Ejecutiva Provincial y el Gobierno andaluz lo completó el grupo parlamentario socialista, que defendió públicamente que "los ERE de 2003 y de 2007 se han tramitado correctamente y de acuerdo a la ley".

Si el PP tenía como objetivo acorralar al consejero de Empleo con hasta cuatro preguntas vinculadas de alguna forma a los ERE -de las que sólo se formularon dos-, para el PSOE era el momento de corregir las últimas declaraciones realizadas por Recio en las que había cuestionado a sus predecesores en el cargo. Y Recio rectificó: "A este consejero no le cabe ninguna duda de la labor que han ejercido las personas que han desempeñado este cargo antes que yo (...) Tras la investigación de tres funcionarios se han encontrado situaciones que podían considerarse como no regulares y se han puesto en conocimiento de los servicios jurídicos por si había algún tipo de irregularidad". El diputado Miguel Ángel Vázquez profundizó en esta argumentación: "Al grupo socialista no le cabe duda de la transparencia de la consejería y tiene la convicción de que los ERE se han tramitado correctamente, de acuerdo con la ley. Los ERE son correctos".

La convicción del PSOE se apoya en los propios criterios que regulan la tramitación de un ERE. Debe haber un acuerdo entre la empresa y el comité de empresa -salvo que se recurra a una mediación-, debe contar con los informes de la vida laboral del Inem, y tiene que estar respaldado por la Inspección de Trabajo. Con estos documentos, el ERE es ratificado luego por la consejería a través de la Delegación Provincial. En el caso del ERE de 2003 -en el que se incluyen las cinco irregularidades de personas que no tenían la edad mínima denunciada por Empleo y María del Carmen Fontela, que aparece en un documento sin haber pasado por la empresa- el propio expediente hace referencia a un análisis de la Inspección de Trabajo, al que se refirió ayer el diputado Miguel Ángel Vázquez: "No se ha detectado fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo del expediente".

El problema interno del PSOE es que el equipo de tres funcionarios que habilitó la Consejería de Empleo para analizar el expediente interpreta que una parte del acuerdo apunta que los prejubilados debían cumplir 50 años antes de la finalización de 2003. Sin embargo, tanto la empresa como la Consejería de Empleo, la Inspección de Trabajo y el Inem consideraron que el expediente estaba vigente hasta el 31 de marzo de 2004.

En el segundo ERE, en 2007, el problema es, además de la inclusión de Antonio Garrido Santoyo en una póliza - un ex cargo socialista sin vinculación a la empresa-, que el ex director general avaló los pagos por parte de la Junta a los prejubilados y, una vez que estalló el caso del cobro de comisiones, Empleo negó que hubiese un compromiso. El propio ex director general, Javier Guerrero Benítez, ratificó la pasada semana que la Junta debía pagar, como piden los sindicatos. Recio le desmintió ayer: "No hay compromiso financiero alguno de Empleo con el ERE de 2003".

El PP cuestiona la investigación de la consejería

El PP tenía previstas toda una batería de preguntas parlamentarias sobre la gestión de los ERE destinadas a acorralar al consejero de Empleo, Manuel Recio. Finalmente, se recortaron a dos. Y en ambas los populares centraron sus críticas en el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, y en el ex delegado provincial de Empleo y miembro de la Ejecutiva Provincial, Antonio Rivas. "Viera dijo que iba a dar todas las explicaciones y no lo ha hecho. En el ERE de 2003, con él como consejero, ya había irregularidades. Hay que aclarar dónde está el dinero y por qué se apoyó tanto tiempo a Antonio Rivas", apuntó el portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, quien apuntó también al ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y al actual consejero, Manuel Recio. En la misma línea se expresó el secretario general del PP-A, Antonio Sanz: "Es usted el único -en alusión a Recio- que reconoce por un lado que hay cinco irregularidades, y por otro dice que no ha pasado nada. Usted ha hecho un paripé, no una investigación. ¿Por qué Viera dijo que no había irregularidades en el ERE y usted luego dijo que había cinco? ¿Pondría usted la mano en el fuego por los dos consejeros y los altos cargos de la consejería que le han precedido? ¿Por qué tardaron tanto tiempo en cesar a Rivas?".

Tanto Zoido como Sanz incidieron en reclamar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el caso Mercasevilla y sobre la gestión de todos los ERE aprobados durante los últimos años por la Junta.

Ante estas acusaciones, el consejero de Empleo defendió la "transparencia" de la consejería y la intención de llegar hasta el final. Según su relato, la investigación, con un "procedimiento de información reservada", se puso en marcha el 12 de noviembre con tres miembros: un instructor, una secretaria y un funcionario.

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