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Empleo responsabiliza a Rivas y a su ex director de los ERE

Recio apunta que hubo una irregularidad en 2003 en la tramitación en la Junta.

el 25 nov 2010 / 21:06 h.

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Antonio Rivas, al ir a declarar por el caso de la trama de corrupción en Camas.
Ni la investigación interna abierta en el seno de la Consejería de Empleo ni la iniciada en los Juzgados han concluido aún. Pero la Junta de Andalucía intenta ya delimitar las responsabilidades que se puedan derivar de las irregularidades de los dos Expedientes de Regulación de Empleo de Mercasevilla, aprobados en 2003 y 2007, en los que han aparecido ya dos personas sin vinculación alguna con la empresa pública de mercados. El consejero de Empleo, Manuel Recio, incidió ayer en que la responsabilidad tanto en la aprobación de los expedientes como en la concesión o no de incentivos públicos a los trabajadores que se acojan a las indemnizaciones se limitan al ex director general Francisco Javier Guerrero Benítez y al ex delegado Provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

Según su relato, fruto de las primeras indagaciones en los expedientes, ya remitidos al Juzgado, ambos participaron en la decisión de incentivar económicamente el ERE de 2003, que, según él, no pasó por ningún otro órgano administrativo de la Junta de Andalucía, pese a que supuso una aportación económica de la administración de 5,6 millones de euros frente a los 601.013 euros que abonó la empresa de mercados para un total de 50 ex empleados. En este expediente aparece el nombre de María del Carmen Fontela, una persona sin vinculación alguna con la empresa a la que se le asignan, según la denuncia difundida por el comité de empresa, 156.749,93 euros en concepto de “coste prima contado” y 174.415,21 euros en concepto de “coste promedio acumulado”.

La Consejería y el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera –entonces responsable del área de Empleo– argumentaron que ni en la póliza ni en el expediente tramitado en la Junta de Andalucía –que contó con el visto bueno de la Inspección de Trabajo y del Instituto de Empleo– aparecía el nombre de Fontela, por lo que, según su relato, debió introducirse después. Pero según la explicación difundida ayer por el consejero de Empleo, Fontela sí aparece en la documentación interna del expediente que obra en poder de la Consejería de Empleo. “Sí está en el ERE, pero no en la póliza”, afirmó ante los medios Recio. Sus palabras fueron luego matizadas desde el Gobierno andaluz: “Este nombre se incluye en un documento interno anexo a un protocolo de colaboración anterior a la firma de la póliza –documento en el que vuelve a desaparecer Fontela–, y tramitado en la Consejería”. Esto es, que la inclusión de una persona ajena a la empresa pública en el ERE se gestó en el seno de la Consejería que entonces dirigía Viera y no después de la firma de la póliza.

Pese a esto, Recio insistió en que las competencias en todo el proceso se delimitaban al ex director general y al delegado provincial de Empleo. Un relato que abre otro interrogante que Recio ayer no supo aclarar. Si con la firma de Guerrero basta para vincular económicamente a la Junta de Andalucía con un plan de prejubilaciones, ¿por qué la Junta no da validez a los tres documentos en los que Javier Guerrero avala la suscripción de pólizas para pagar a los prejubilados de 2007 –entre los que se incluye el ex secretario general del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, sin ninguna vinculación con la empresa, y personas que estaban en la bolsa de trabajo pero no eran de la plantilla–?. “Faltaba un proceso interno, la validación de las cuentas, un proceso administrativo”, se limitó a responder el consejero, quien descartó que faltase la aprobación de otro órgano de la Junta o de cargos de la Consejería por encima de Guerrero. Si es así, el ex director general dio el visto bueno a tres pólizas sin cumplir la tramitación por un importe de nueve millones. “Ya se han tomado medidas institucionales. Era director general y fue cesado. Si se derivan otras responsabilidades, dependerá de la actuación del Juzgado, y nos reservamos tomar medidas”.

Recio defendió que de momento no se han detectado más irregularidades en los ERE que los dos nombres no vinculados a la empresa. En esta misma línea Viera incidió ayer en que la inclusión en el plan de prejubilaciones de personas de la bolsa de trabajo o con poca antigüedad es “completamente legal”.

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