Más de dos años después, la Junta admite ahora que sí hubo un cese en la Consejería de Empleo relacionado con Mercasevilla. Fue el 29 de abril de 2008 –un año antes de que estallara el escándalo–, fecha en la que la Junta aprobó la destitución de Francisco Javier Guerrero Benítez como director general de Trabajo y Seguridad Social. Ese mismo día firmó el único documento que ha aparecido hasta ahora que vincula económicamente a la Junta de Andalucía con el ERE y con la contratación de una póliza por un importe de 1,8 millones de euros. La juez le investiga además por una reunión que mantuvo en torno a 2003 con el representante de Larena 98 junto a los ex directivos de la empresa de mercados, Fernando Mellet y Daniel Ponce; y el comité de empresa le identifica como uno de sus interlocutores en las negociaciones, especialmente las de 2003.
“A nosotros las irregularidades que se pudieron cometer en su día... Esta persona fue cesada y es lo que cabe hacer en una administración pública. Si alguna parte siente lesionados sus derechos, para esto tiene una vía judicial y administrativa”, apuntó el consejero de Empleo, Manuel Recio en declaraciones a este periódico. Pese a esto, la Junta de Andalucía no tiene previsto iniciar una investigación interna ni tomar medidas contra su ex director general: “Nosotros vamos a trabajar sobre todos los temas que surjan pero no va a haber una investigación. Seguimos con la misma premisa: no existe ningún documento que implique financieramente a la Consejería de Empleo en este ERE”.
La postura de la consejería parte de una interpretación: los documentos existentes relacionados con el ERE de 2007 –al que se han acogido 40 trabajadores– no son válidos y por tanto no vinculan a la Junta en el expediente. Según esta versión, el que fuera director general sobrepasó sus competencias al firmar el fax que fue posteriormente remitido a Vitalicio Seguros en el que muestra la conformidad de la Junta de Andalucía para que se suscriba una póliza para ocho de los prejubilados de Mercasevilla que recibirían 1,8 millones de euros de las arcas autonómicas.
La Junta mantiene que ese dinero no sólo no se ha abonado sino que no llegó a pasar los controles administrativos necesarios. Eso sí en ningún momento la consejería, que ya recibió el documento de manos del comité de empresa, ha cuestionado la firma que aparece en él, lo que implica que un director general avaló el pago de al menos 1,9 millones de euros sin tener competencias para realizarlo justo el mismo día de su cese.
De momento, es el único documento que ha aparecido con una firma de un alto cargo de la administración autonómica –en las pólizas de Vitalicio sólo se alude a la financiación de la Consejería de Empleo–, aunque el comité de empresa cuenta con que debe haber al menos otros tres documentos similares hasta alcanzar los nueve millones de euros que supuestamente debía abonar la Consejería de Empleo. Al menos uno de ellos, de casi 1,8 millones de euros, es posterior al cese de Javier Guerrero Benítez, ya con Juan Márquez, como director general –no salió de la consejería hasta que Manuel Recio tomó el relevo–. Hasta ahora no ha aparecido ningún escrito vinculado a la participación de la Junta en el ERE con su rúbrica.
El Expediente de Regulación de Empleo no sólo es la base de un conflicto laboral en la empresa por los problemas de pago a los prejubilados y uno de los motivos de la situación próxima a la quiebra de la empresa de mercados, es además uno de los elementos clave de la nueva línea de investigación abierta por la juez instructora a raíz de la denuncia por delitos societarios impulsada por el PP. La magistrada ha reclamado a Mercasevilla y al Banco Vitalicio todos los documentos relativos a este ERE y a la Junta de Andalucía, cualquier “información sobre la realidad del compromiso de pago que haya podido adquirir”. Mercasevilla y el comité afirman que debía pagar 9 millones.
