El Estatuto de los Trabajadores dice que en España son 40 horas. La legislación comunitaria actual habla de 48 siempre que sean voluntarias. Y la nueva directiva europea, aprobada ayer pero que ha de pasar por la Eurocámara, extiende la semana laboral hasta 65 horas si hay pacto entre empresa y empleado.
Gobierno, sindicatos, algunos partidos políticos y autónomos consideran una agresión al derecho de los trabajadores el acuerdo alcanzado en la madrugada de ayer en la Unión Europea (UE) para ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales, siempre de forma voluntaria y pactada, de manera individual, entre empresario y empleado.
Los ministros de Trabajo de los 27 países de la UE, tras cerca de 12 horas de negociaciones, lograron sacar adelante la propuesta que ahora deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo para su entrada en vigor. En este contexto, la Comisión Europea (CE) mostró su satisfacción por el acuerdo porque "supone un paso adelante para los trabajadores" y refuerza el papel del diálogo social.
Sin embargo, el Gobierno español rechaza la directiva europea, según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien anunció que España trabajará en la Eurocámara para revisarla. Nuestro país ha sido uno de los grandes opositores de la ampliación de la jornada laboral pero en los últimos meses perdió el apoyo de sus principales aliados en esta negociación, Francia e Italia, con los que había bloqueado en varias ocasiones la reforma.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo ayer, antes de que terminara la reunión con sus colegas de la UE, que Europa sufriría un "retroceso" en su agenda social con esta medida que acerca Europa "más al siglo XIX que al siglo XX".
También los partidos políticos, salvo el PP, estiman que la directiva supone un recorte social.
La diputada de UPyD, Rosa Díez, calificó de "retroceso histórico" la medida y puso su partido a disposición de Gobierno y sindicatos para evitar que salga adelante, mientras que para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se trata de "un escándalo" que niega "la propia historia política y social de la Unión Europea".
El portavoz de asuntos laborales de grupo vasco (EAJ-PNV), Emilio Olabarria, calificó la decisión de "verdadera agresión a los derechos de los trabajadores" y, por último, desde el PSOE, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Valenciano, dijo que era "retrógrada" y un "atentado" a los derechos de los trabajadores.
Mientras, a juicio del ex presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo, la decisión refleja que Europa "tiene que ponerse las pilas" y "viene a decir" que los tiempos no están para seguir hablando de reducciones de la jornada laboral.
No obstante, para la patronal española del sector del metal es "prácticamente imposible" que se pueda alargar la jornada laboral en España porque está regulada por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos.
Confemetal coincidió con los sindicatos en que una medida así no beneficia en nada a países como España, que debe buscar la competitividad empresarial en otros factores distintos del coste salarial y de los precios.
Por su parte, CCOO consideró "intolerable" la directiva y anunció que estudia alterar el contenido de su intervención ante la 97 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del próximo 12 de junio, para denunciarla, en tanto que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, también advirtió de que "podemos abocar a una confrontación muy seria".
El portavoz de Empleo del PP, José Ignacio Echániz, acusó al Gobierno de "confundir" a la opinión pública porque la directiva "no es obligatoria" y se ciñe a un problema puntual con el cómputo de las horas de las guardias médicas.
Desde Bruselas, el responsable de Empleo, Vladimir Spidla, opinó que este acuerdo demuestra la viabilidad del concepto de "flexiguridad" y, así, destacó que ofrece más seguridad a los trabajadores, sobre todo de empresas de trabajo temporal, al tiempo que mantiene la flexibilidad.
