El catedrático de Universidad subido a la tarima del aula magna impartiendo una clase magistral no es que tenga los días contados, pero sí que deberá reciclarse, y de qué forma, si no quiere fracasar en su tarea como docente.
Pero la "refundación" de la Universidad que supondrá la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior también obligará a las administraciones a modificar las reglas del juego por las que controla y supervisa la labor de los profesores universitarios.
El Ministerio de Innovación ya está trabajando en el nuevo Estatuto del Profesorado Funcionario, tal y como se recoge en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Universidades, y que vendrá a sustituir al Reglamento del régimen del profesorado, de 1985, en el que se fijan los derechos y obligaciones del docente. Desde entonces ha llovido mucho. Ahí van algunos ejemplos.
La empresa se ha colado en las aulas. Hay investigadores que se decantan por colgar las batas blancas para entrar en el selectivo ránking de la empresa. Nacen así las llamadas spin off, compañías de base tecnológica que surjen de un proyecto de I+D. Sobre esta realidad no se dice nada en el reglamento docente de 1985.
En el Estatuto que el ministerio quiere empezar a negociar con las universidades a partir de noviembre se regulará que el profesor-empresario pueda coger una excedencia -de cinco años, en principio- con la garantía de que cuando vuelva a la Universidad, lo haga a la plaza que dejó, explican fuentes académicas.
No será la única novedad que recogerá el Estatuto. Dentro de las categorías de profesor titular o catedrático se fijarán distintos niveles, para los cuales habrá que fijar mecanismos de evaluación -"que no multipliquen sino que sumen", según las citadas fuentes consultadas- más allá de los quinquenios y sexenios. Esto ya estaba recogido en la Ley Orgánica de Universidad del PP de 2001, pero nunca se llegó a aplicar.
Ahora, siete años después, se retoma la idea. Por último, el Estatuto también fijará los mecanismos para la jubilación voluntaria y para la reducción de horas de clases a partir de una determinada edad. Hace tan sólo unos días, la ministra de Innovación, Cristina Garmendia, en declaraciones a un periódico de difusión nacional, afirmaba que el Estatuto del personal docente e investigador será "uno de los ejes" con los que poder articular un nuevo modelo de gobierno dentro de las universidades, ya que el actual, según sus palabras, "no funciona".
Y apuntó dónde puede estar la solución: "La Universidad debe estar gobernada por auténticos profesionales de la gestión". Varias fuentes universitarias consultadas muestran su preocupación por la interpretación que de estas palabras se puede hacer: los profesores no están capacitados para gestionar, y sí un empresario, por ejemplo.
