Por Juan Rubio, José Gómez Palas, Laura Blanco, M. J. García, José Gallego, Alejandro Luque e Ismael G. Cabral Un año más, las arcas municipales en la provincia de Sevilla han sufrido la asfixia económica consecuencia de una crisis que acumula ya un sexenio y que ha dejado a los ayuntamientos sin los ingresos de las licencias de obras y demás fondos procedentes de la construcción pero también sujetos a una austeridad y al cumplimiento del déficit impuestos por el Gobierno central mientras tienen que hacer frente a las necesidades sociales cada vez más acuciantes de sus vecinos. La Diputación, una de las pocas instituciones públicas que puede presumir de superávit, ha mantenido una reclamanción permanente para que el Estado le dejara destinar sus fondos remanentes a los municipios con más problemas y de nuevo libró más de once millones de euros de un Fondo de Anticipos Reintegrables para que 19 ayuntamientos pudieron hacer frente al pago de las nóminas.
Son varios los municipios donde los funcionarios sufren impagos aunque uno de los que acumula más sueldos atrasados es Los Palacios. El actual Gobierno municipal, dirigido por Juan Manuel Valle (IP-IU), ha reconocido públicamente la crítica situación del consistorio, que atribuye a la gestión del anterior equipo socialista. La Fiscalía, de hecho, ha abierto una investigación al exalcalde, Antonio Maestre. Mucha documentación de esta etapa ardió en el incendio del archivo municipal ocurrido en septiembre, lo que disparó los rumores de que hubiera sido provocado, aunque la investigación finalmente apunta a que fue accidental. Las presuntas irregularidades en la etapa de Gobierno socialista en Los Palacios ya han costado el puesto a la edil Rosario Alaya, tras el escándalo que se montó al trascender las facturas de unos trajes de flamenca que cargó al Ayuntamiento.
No es la única gestión municipal bajo sospecha. En Tomares, el PA ha llevado a los tribunales presuntas facturas falsas y recibos de comidas en restaurantes, con copas y puros incluidos, cargadas por el Gobierno municipal de José Luis Sanz (PP).
Los desvanes urbanísticos no solo provocaron una crisis sino que han sentado en el banquillo a varios munícipes por delitos de prevaricación o contra la ordenación del territorio por licencias de obras y recalificaciones. Este año, las alcaldesas socialistas de Aguadulce, Isabel Ortiz, y El Madroño, María Josefa Rubiano, tuvieron que dimitir tras su condena. Y un histórico, el que fuera durante 30 años alcalde de Guillena, el socialista Justo Padilla, ingresó en prisión, en este caso condenado a 18 meses por dejar que un alguacil trabajara como policía local durante tres años. No irá a la cárcel pero sí se llevó una multa el regidor de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, que dio positivo en un control de alcoholemia cuando conducía el coche municipal.
La crisis no solo ha golpeado la economía de los ayuntamientos. La fuga de empresas ha continuado durante 2013 con el cierre de fábricas emblemáticas, como la de Roca en Alcalá de Guadaíra, cuya plantilla empezó 2013 encerrada en la Catedral en una lucha que finalmente no logró evitar el cese de la actividad, pese al apoyo del alcalde y el resto de instituciones y a una efímera victoria moral en los tribunales que tumbaron el primer ERE por un defecto de forma. También se fue Saimaza de Dos Hermanas y se hundió el grupo Arance, nacido en Valencina de la Concepción, que no solo cerró sus sede central y las tres tiendas en Sevilla sino todos sus establecimientos dentro y fuera de Andalucía.
Las esperanzas están puestas ahora en el regreso de un sector casi desaparecido de la provincia:la minería. A la expansión de Cobre Las Cruces se suma el proyecto de la Junta para reabrir la mina de Aznalcóllar, cerrada desde el desastre ecológico que provocó la rotura de una balsa de residuos en 1998 y que afectó a Doñana, sin que el largo proceso judicial emprendido desde entonces haya logrado que la multinacional Boliden asuma su responsabilidad. La Junta ya está haciendo trámites para sacar a concurso la explotación.
Mientras, el paro y los recortes sociales que padecen los vecinos hacen proliferar la ocupación de bloques vacíos y movilizaciones como las de la Sierra Sur por un centro de urgencias. Pero son también un caldo de cultivo para acciones populistas como los asaltos a comercios del SAT, con menos eco que en 2012, o para las conjeturas y la crispación desatada en Alcalá de Guadaíra cuando la muerte de una familia se atribuyó erróneamente al consumo de comida de la basura.
Política. Alcaldes cesados por rivales o jueces. 
Rosario Ayala. / Foto: Cristina Mena-Bernal
La estabilidad política ha saltado por los aires en varios municipios por la ruptura de pactos, como el que dejó en minoría al PSOE en Pilas, o mociones de censura como la del PA contra el PSOE en Coria. Incluso los conflictos internos, como el del PSOE de Alcalá de Guadaíra, han puesto en apuros al alcalde Antonio Gutiérrez Limones tras la marcha de varios ediles.
La condena de los jueces por delitos urbanísticos obligaron a dimitir a las alcaldesas de Aguadulce o El Madroño. También tuvo que irse la edil socialista de Los Palacios Rosario Ayala tras el escándalo que se montó por cargar sus trajes de flamenca al Consistorio. Otras facturas, de copas y puros, cargadas al Gobierno tomareño de José Luis Sanz (PP), han sido denunciadas por el PA.
En 2013 un exalcalde histórico ingresó en prisión. El socialista Justo Padilla, que gobernó en Guillena 30 años, cumplirá 18 meses por permitir a un alguacil ejercer de policía durante tres años.
Sucesos. Parricidio, maltrato y una cena mortal. 
Una tragedia aún en fase de investigación se llevó a tres miembros de una familia en Alcalá de Guadaíra por una intoxicación erróneamente atribuida a alimentos en mal estado que finalmente se debió a una sustancia química.
La lacra de la violencia de género volvió a repetirse con el crimen en Écija de Petra Moreno, degollada por su marido, y el intento de asesinato en Tomares de un hombre que hirió con arma blanca y a su mujer y a su hija.
El problema de los enfermos mentales para fidelizar su tratamiento y la falta de recursos de las familias saltó a la palestra en febrero cuando un esquizofrénico mató a sus padres y a su hermana en Dos Hermanas. La desaparición de una joven en Coria, cuyo cuerpo fue hallado días después en el río, y el crimen de un empresario en La Rinconada que dio un giro tras el arresto de su hermano fueron otros sucesos que alteraron la vida en los municipios.
Economía. Adiós a las fábricas, hola a las minas. 
Los pueblos de Sevilla han visto cómo cerraban factorías emblemáticas como Roca en Alcalá de Guadaíra, Arance en Valencina o Saimaza en Dos Hermanas, sembrando el paro en una provincia que apuesta ahora por reactivar la minería sumando a Cobre las Cruces la reapertura de Aznalcóllar.
Los conflictos laborales no afectan solo a empresas privadas sino también a entidades públicas, desde ayuntamientos que acumulan nóminas sin pagar al servicio de basuras de El Coronil, que protagonizó una huelga de 71 días convocada por el SAT. Su líder, Diego Cañamero, sumó una nueva detención. Si en verano de 2012 el SATasaltó un supermercado en Écija para repartir comida a los necesitados, este verano repitió en Montequinto con material escolar. Del asalto de Écija fue absuelto Cañamero y el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, no así de la ocupación de la finca militar Las Turquillas en Osuna.
