La cuesta de enero fue especialmente dura este año para María José Gómez, que cumplió ayer 48 años. Con su hijo en paro desde junio de 2012 y con un 82% de discapacidad por accidente laboral tiene movilidad reducida, los ingresos se frenaron en casa y el dinero fue para comida, que se multiplica en fechas tan señaladas como Navidad. Eso llevó a esta vecina de San Jerónimo a no abonar el arrendamiento del mes de su vivienda a Emvisesa, empresa municipal que le concedió su piso en este régimen en octubre de 2005. Desde que se produjo el impago, ha recibido dos cartas de la entidad, una en febrero y otra en abril, animándola a que pague, ya que, si no lo hace, advierte en la misiva, puede darse una resolución de contrato, lo que podría obligar a María José a abandonar su casa. El tono utilizado por Emvisesa en las dos cartas es amenazante, sobre todo en la primera, ya que al menos en la segunda me dan la opción de pagar la deuda a plazos, asegura. El montante que esta vecina de Sevilla debe a la empresa municipal de vivienda asciende a 247,81 euros. No es la primera vez que le pasa, ya que en 2011 tuvo otro retraso de dos meses al no tener capacidad económica para hacer frente al alquiler. Entonces me llamaron por teléfono pero también con tono amenazante. Parece que es la única manera que tienen de hacer las cosas frente a una situación dramática, se lamenta. Además, criticó que el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, había prometido que no iban a mandar más cartas de este tipo, pero no es verdad. De hecho, admite que ni siquiera puede hacer frente en estos momentos a pagar a plazos porque se encuentra en una situación límite. He pagado febrero y marzo, pero ahora mismo no puedo ni poner 50 euros, porque dejaría sin comer a mi nieta. Explica que su hijo se ha hecho cargo de ella ya que, si bien le concedieron la entrada en una residencia por la Ley de Dependencia, prefirió renunciar a ella para vivir en su casa. Él se está haciendo cargo y qué menos que ponerle un plato de comida. En concreto, la vivienda de María José Gómez se encuentra en la manzana C4 de San Jerónimo, frente a la gasolinera del barrio de la capital hispalense. Según la inquilina, su caso no es el único que se ha dado en el bloque. Una víctima de violencia de género ha recibido cartas de Emvisesa que le instan a pagar aunque su situación es precaria. María José tiene 30 días desde el pasado 11 de este mes para abonar el alquiler. La verdad es que no creo que me echen, pero si me dijeran que me iban a desahuciar, me iría por mi propio pie porque no quiero vivir esa situación tan dramática, explica. En cualquier caso, expone que otra opción es que le obliguen a cambiar el tipo de contrato por otro con más restricciones, que es el que tienen los nuevos inquilinos. Además, denuncia que Emvisesa tampoco cumple con los pagos de la comunidad. Hace tres años que unas familias que estaban en los pisos decidieron dejarlos, por lo que desde entonces no pagan la cuota. Se lo hicimos saber a la empresa municipal, pero alegaron que no les habían devuelto las llaves para no hacer frente a las mensualidades atrasadas, relata María José, que se ha puesto en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
