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Emvisesa tiene 440 VPO vacías y 700 personas esperan un piso social

Además, el Gobierno local tiene 24 viviendas sociales sin ocupar. Mientras, la Junta entrega en alquiler asequible 71 VPO que estaban deshabitadas

el 15 ene 2014 / 23:07 h.

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E n la ciudad de Sevilla hay 701 familias que han solicitado un piso social y que reúnen todos los requisitos. 339 de ellas tienen ingresos muy por debajo de los 750 euros. Sin embargo, el Gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) sólo adjudicó cuatro viviendas del 6 de julio al 8 de noviembre de 2013, pese a contar con 24 pisos vacíos. Y eso no es todo, Emvisesa tiene 440 viviendas de protección oficial sin adjudicar pese a estar acabadas (140 en Nuevo Amate). Con este panorama no es de extrañar que se produzcan ocupaciones ilegales de viviendas vacías, que muchas familias estén al borde del desahucio y del corte del agua o la luz, que muchas compartan el techo con abuelos o que sobrevivan de la caridad de otros. Una resolución del Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del pasado día 19 de noviembre incluye el listado de familias en proceso de intervención social y con urgente necesidad de vivienda. La mayoría llevan meses esperando una respuesta que no llega del Ayuntamiento, de Emvisesa o del distrito. Son los casos, como publicó este periódico, de Eva Luna y sus tres hijas, de Antonio Delgado, de Ramón Mediavilla, su mujer y su hija, o de Juan Caro, Josefa Díaz y sus cuatro hijos. Por eso crecen las críticas contra Emvisesa que, además, no tiene contentos a sus propios inquilinos. La asociación Por un Alquiler Municipal Digno asegura que un 40% de las personas que arrienda un piso municipal lo deja tras un año porque tiene dificultades para pagar y encuentra un alquiler más barato. Incluso los vecinos de Nuevo Amate denuncian que Zoido les ha “engañado” porque les prometió que no pagarían más que en sus antiguos bloques. En el contrato de Josefa Hernández con Emvisesa reza que su renta es de 1,43 euros (la renta antigua) y que por el garaje y trastero abonará 0,00 euros. Sin embargo, paga 15 euros por el garaje, 18 por el trastero y 29 por el piso. “Es una estafa”, denunció esta vecina y María del Carmen García, otra afectada. Por el contrario, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, dirigida por Elena Cortés, adjudicó ya los 71 inmuebles de protección oficial de promoción pública que tenía en la ciudad, concretamente en el Polígono Aeropuerto. La adjudicación se produce tras pasar las viviendas de venta a alquiler con opción a compra, rebajando además la renta que deben abonar los vecinos y eliminando el requisito del aval. “La vivienda sirve para ser habitada porque es un derecho y no un negocio”, dijo la consejera. El portavoz municipal del PSOE, Juan Espadas, exigió ayer a Emvisesa que dé soluciones y adjudique “de una vez las más de 440 VPO que tiene finalizadas y vacías”. “No quiero pensar–añadió– que el nefasto equipo de Emvisesa lo que esté pensando es vender las viviendas e iniciar un proceso de comercialización, porque tienen que dar respuestas a una emergencia social”. El socialista recordó que el proyecto de Regiones Devastadas era del anterior gobierno y que la construcción de las 220 viviendas se hizo de modo “ágil, cumpliendo plazos, pero una vez terminadas han estado durante meses sin ser adjudicadas”. De hecho, 72 antiguos vecinos de Regiones Devastadas estrenaron casa en septiembre. Desde entonces, no ha habido más adjudicaciones. El coordinador local de IU, José Manuel García, dijo que esta ocupación constata, una vez más, “el fracaso de la nula política de Zoido en materia de vivienda”. Tras recordar que el PP prometió construir 1.000 VPO al año antes de las elecciones y lleva cero, García enmarcó esta última ocupación en una “situación excepcional, de emergencia social”.

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