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En ayuda de las mujeres

El PP sale de nuevo en ayuda de las mujeres y avisa de que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de que se apruebe lo que ha venido en llamarse impropiamente Ley del aborto. Desde luego, el revuelo estaba garantizado desde el mismo momento en que se anunció en esta legislatura una reforma sobre la interrupción voluntaria del embarazo...

el 16 sep 2009 / 02:50 h.

El PP sale de nuevo en ayuda de las mujeres y avisa de que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de que se apruebe lo que ha venido en llamarse impropiamente Ley del aborto. Desde luego, el revuelo estaba garantizado desde el mismo momento en que se anunció en esta legislatura una reforma sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Pero la actitud del PP muestra algo más que la legítima oposición política a una iniciativa del Gobierno: supone un intento de paralizar la voluntad democrática del parlamento en aras y, esto es lo más sorprendente, de la defensa de las mujeres.

No se trata, pues, de ser coherente con una ideología, a la que tiene el derecho y la obligación de defender en las Cortes Generales; sino que con esta iniciativa quiere ir más allá, quiere imponer unas reglas de conducta como si hubiera que refrenar "esa natural tendencia de las mujeres hacia comportamientos irreflexivos e irracionales" mediante su tutela por aquellos que siempre nos han defendido, poniéndonos en el pedestal de madres atentas y virtuosas sobre las que descansa el destino de la humanidad. Y para rematar su argumentación, nos dice que, en todo caso, ahora no toca, pues el problema que preocupa a los españoles es la crisis. Es decir, de nuevo las mujeres han de esperar a una mejor ocasión, dando por sentado que es posible construir una sociedad sin contar con ellas.

Se ha repetido hasta la saciedad que el reconocimiento del derecho al aborto no implica la obligación de llevarlo a cabo; también se ha insistido en que el mismo es una vía excepcional para impedir la maternidad. No es una decisión fácil la de interrumpir un embarazo y no está en la lógica femenina este tipo de comportamiento. Su regulación no va suponer que las mujeres decidan de manera generalizada utilizar este recurso como si fuera un método anticonceptivo más.

Lo que se ha pedido es que aquella que tenga que optar por esta opción, no sea castigada. Pero, en todo caso, la propuesta del Gobierno se enmarca en el derecho a la salud sexual y reproductiva, que es así como se llamará la ley; un derecho que requiere de la implicación de los poderes públicos en la formación e información de las mujeres acerca de los métodos anticonceptivos, en el apoyo a las madres no solo con políticas públicas sino con el compromiso de la sociedad en su conjunto y, sobre todo, haciendo una llamada de atención al papel de las madres y los padres en la educación de sus hijos. En este punto se haya otra de las cuestiones que más reacciones en contra ha suscitado la tan anunciada reforma: nos referimos a la posibilidad que se le reconoce a las menores de más de 16 años de poder abortar sin contar para ello con el consentimiento de sus progenitores.

De entrada, se debe considerar que las consecuencias de una maternidad prematura recaen casi en exclusiva en la menor; unas consecuencias que no son de presente, es decir, que no acaban en el parto, sino que se prolongan en el futuro al limitarle la posibilidad de una formación que hará de ella una mujer libre y autónoma. Pero también se debe considerar que esta ley no impone un tipo de relación entre padres e hijos, porque su concreción corresponde a sus protagonistas. Los padres son los que tendrán que plantearse cómo una hija oculta su embarazo y prescinde de ellos para tomar una decisión de esta magnitud.

Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide.

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