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En dos meses la Policía podrá cerrar un bar si "estima" exceso de ruido

El Ayuntamiento abre el plazo para presentar alegaciones por la nueva Ordenanza contra la Contaminación Acústica municipal.

el 13 sep 2013 / 12:50 h.

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Los vecinos se quejan de que al perseguir la movida del Salvador ésta se ha trasladado al entorno. Los vecinos se quejan de que al perseguir la movida del Salvador ésta se ha trasladado al entorno. El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a información pública la Ordenanza contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones, que fue aprobada de forma inicial en el Pleno municipal de julio, con el voto favorable del PP, que aseguraba que era la "adaptación" a las normativas andaluza, estatal y europea, primando el "consenso" y la "prevención" en la materia, mientras que era rechazada por PSOE y de IU, quienes pedían su retirada por "falta de consenso y de seguridad jurídica", además de criticar que se excluya el velador como elemento de esta normativa. En este sentido, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), recogido por Europa Press, establece que el periodo de información pública y audiencia a los interesados se desarrollará por un plazo de dos meses para la presentación de reclamaciones y sugerencias y desde este sábado. Así, se recuerda que la norma quedará definitivamente aprobada si en el citado plazo no se presentan alegaciones. La ordenanza introduce novedades como la posibilidad de que un agente de Policía Local sancione o clausure un local si "estima" que supera los umbrales marcados por la normativa, sin necesidad de contar con un sonómetro o ir acompañado de un funcionario de Medio Ambiente, o la obligación de que las actividades emisoras de ruido dispongan, además de controladores del ruido, de un centro de transmisión de datos en tiempo real que remitirá la información al Consistorio para facilitar la inspección y control a distancia. Además, recoge sanciones que van desde los 300 a los 300.000 euros, además de clausura o precintado de las instalaciones, entre otros. Así, hay hasta 17 artículos que regulan el control policial de las actividades permitirán que los agentes municipales "cuando se encuentre ante una emisión de ruido que estime que puede vulnerar la norma establecida puede sancionar con carácter leve e, incluso, suspender y clausurar la actividad". Esto no era posible anteriormente ya que era necesario que ese policía llevara sonómetro o que estuviera acompañado de un funcionario del área de Medio Ambiente. La norma establece sanciones desde un mínimo de 300 euros a un máximo de 300.000 euros en función de la gravedad de la infracción. Junto a la sanción económica, también se recoge que se puede llevar a cabo la revocación o suspensión de la legalización de su actividad, clausura o precintado de la maquinaria emisora de ese ruido, entre otros. También, se recoge la prohibición de que haya bares con música, discotecas o salas de fiestas colindantes a viviendas, se han rebajado los límites de ruido en interior de edificios como en exterior, se regla lo relativo a vehículos a motor y sirenas, horarios y ubicaciones de ensayos de bandas de música, la propaganda y venta ambulante, entre otros. El pasado mes de julio se aprobó en el pleno del Ayuntamiento esta nueva normativa en un debate acalorado. Tanto PSOE e IU insistieron en la “falta de seguridad jurídica y de consenso social” de una norma que en más de una ocasión pidieron que fuera retirada. “Este proyecto nace ya muerto, sin consenso. Se lo hemos advertido. Se lo van a recurrir, señor Zoido”, dijo este julio Espadas, mientras que desde la bancada de IU se exigía “regular con sentido común”. Sin embargo, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, defendió en aquel pleno con cierta vehemencia que se trata de “una adaptación” en este ámbito a las normativas andaluza, estatal y europea. “No salgo de mi asombro. ¿No sé si os lo habéis leído? No tenéis ni puñetera idea. ¿ O acaso se está dudando de la capacidad y la honorabilidad de la Policía Local?”, expuso mientras recordó que la ordenanza “se ha elaborado con las asociaciones de vecinos del Salvador, Huerta de la Salud y Plaza de Armas, la Plataforma para el Derecho al Descanso y los colegios oficiales de arquitectos, administradores de fincas e ingenieros”. Pero la realidad es que sonó otra sintonía. Al menos en la sala de plenos, donde se encontraban miembros de la Plataforma por el Descanso que no dudaron en aplaudir en protesta.

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