4.000 agresiones racistas al año, lo que se traduce en 11 ataques diarios. Los españoles se muestran más intolerantes hacia los inmigrantes y, según Amnistía Internacional, el gobierno no actúa contra ello. Así lo denunció ayer en un informe sobre racismo y xenofobia.
Amnistía Internacional (AI), denunció ayer que la falta de interés del Gobierno y de las autoridades judiciales por combatir la xenofobia provoca que este tipo de agresiones pasen desapercibidas en España y que sus víctimas sean "invisibles".
En la presentación del informe "España, entre la desgana y la invisibilidad", el director de AI España, Esteban Beltrán, explicó que, cada año, la Guardia Civil recibe entre diez y veinte denuncias de ataques racistas y la Policía Nacional, entre ochenta y cien.
Sin embargo, según este informe, apuntó Beltrán, en España se producen 4.000 ataques racistas cada año, incidentes que no se conocen porque el Gobierno no publica los datos oficiales de estos delitos. Algo que sólo ocurre en otros cuatro países de la UE.
Esta pasividad de las autoridades ha provocado que España se sitúe a la cola de Europa en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la disicriminación.
Según AI, en España proliferan los sitios web y publicaciones racistas y antisemitas, que actualmente tienen unos 15.000 miembros asociados. Además, España es uno de los países de la UE con mayores niveles de explotación sexual de inmigrantes; donde el 30% de los gitanos vive en la exclusión.
Pese a estas circunstancias, los españoles perciben la inmigración como el tercer problema social y sólo el 0,7% considera que existe racismo y que es un problema, según datos del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Los españoles están aumentando las actitudes hostiles hacia los inmigrantes, desde el 8% de 1997 hasta un 32% en 2004.
AI acusó también al poder judicial de la "desidia" y la "falta de interés" en combatir el racismo, como demuestra la falta de jurisprudencia en estos casos. Además, agregó Beltrán, aunque desde 1995, el Código Penal recoge la posibilidad de aumentar las penas por racismo, sólo se aplicó en dos sentencias en 2007. Por todo ello, AI recomendó al Gobierno que ponga en marcha un Plan estatal de lucha contra todo tipo de xenofobia, con medidas de carácter educativo, social y laboral y para combatir el racismo en todos los frentes, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado.
Asimismo reclamó medidas específicas para proteger más a las mujeres y a los menores no acompañados, para "evitar las expulsiones que se disfrazan como repatriaciones".
