Las trabas -legales, vecinales, administrativas...- con las que se ha topado la biblioteca del Prado desde que se eligió el diseño de Zaha Hadid en 2006, han puesto en jaque el cobro de las ayudas de la UE al proyecto. En total, 3,5 millones de euros para los que la Universidad de Sevilla negociará en los próximos días una prórroga extra.
Ya se han consumido las dos prórrogas posibles que se prevén en relación a la ejecución de los fondos Feder. En los próximos días, la Hispalense abrirá una negociación con el Ministerio de Innovación con el fin de conseguir un año extra de aplazamiento, una situación que "no es extraordinaria", dentro del ámbito académico. Según confirmaron ayer fuentes universitarias, el retraso en la consecución de la licencia de obra -el proyecto de Zaha Hadid se eligió en 2006 y hasta el 15 de julio de este año no se obtuvo el permiso de Urbanismo- han puesto en peligro los 3,5 millones de euros que en su mayor parte (70%) concedió la Unión Europea al edificio.
No obstante, y ante lo sensible del tema, las citadas fuentes se apresuraron a aclarar que "en ningún caso" supondrá una paralización de la construcción de la biblioteca. Si las negociaciones no fructifican, "no hay problema. Tendríamos que buscar el dinero en nuestro plan de inversiones". La biblioteca del Prado se adjudicó a Ferrovial por 16,5 millones. Hasta el momento, se ha gastado un millón.
El concurso en el que se falló a favor del proyecto presentado por Zaha Hadid se remonta a 2006. A partir de ese momento, y con el dinero de la UE comprometido desde ese mismo año, el camino recorrido por la Hispalense para lograr la licencia de obra ha sido tortuoso.
Las lagunas legales del Plan General (PGOU) y los litigios de los vecinos contra la ejecución de la biblioteca han tenido más de dos años parado el proyecto. Éste se desatascó en mayo cuando un informe del secretario municipal despejaba dudas sobre la legalidad o no de hacer la biblioteca en el Prado. Aún así, la Universidad tuvo que esperar hasta el 15 de julio para obtener la licencia. La obra empezó en agosto en medio de las protestas vecinales y ya entonces la institución apuntó que lo hacía porque "retrasar las obras sería una irresponsabilidad, ya que pondríamos en peligro las inversiones previstas".
