Alcaldes y técnicos municipales de ayuntamientos de la provincia de Sevilla participaron ayer en una jornada formativa promovida por la Diputación provincial, para preparar a las administraciones locales ante los desahucios. La vigente legislación en materia hipotecaria y de protección de deudores, las prácticas "leoninas" de la banca, el drama que sufren los afectados y decisiones como la prohibición de que los policías locales colaboren en las ejecuciones, marcaron el debate.
Esta jornada formativa estuvo coordinada por el abogado Víctor Sánchez, máster en Administración Pública y experto en Ordenación del Territorio y Derecho Urbanístico, y la arquitecta Marina Lora, máster en Gestión Social del Hábitat y en Arquitectura Sostenible. Al comienzo del acto, el presidente de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), advirtió de que los desahucios, íntimamente relacionados con la galopante tasa de paro que sufre España a cuenta de la recesión económica, han pasado de ser un conflicto que afectaba "sólo a las clases desprotegidas" de la sociedad, a constituir todo un problema también para las clases medias.
A tal efecto, recordó que desde 2008, la provincia de Sevilla ha sido el escenario de aproximadamente 13.000 desahucios y el conflicto se ha convertido ya en un problema en el que no impera el "sentido común", dado que una buena parte de los desahucios están protagonizados por familias que abonaban "religiosamente" sus cuotas hipotecarias o rentas y que han caído en los impagos sencillamente porque el desempleo y la crisis les impiden ya afrontar sus obligaciones. Y es que la última encuesta de población activa reveló una tasa de desempleo del 35,42% en Andalucía.
"Las administraciones debemos dar respuestas", enfatizó Rodríguez Villalobos, quien reconoció el fondo de "buena fe" contenido en el reciente real decreto Ley del Gobierno central con medidas urgentes ante los desahucios, pero avisó de que "sólo un 5%" de las familias afectadas pueden adherirse a esta nueva normativa al estar sujeta a cláusulas "incongruentes".
Víctor Sánchez Pérez, en ese sentido, defendió la "capacidad de las administraciones para influir sobre las entidades de crédito" y frenar los desahucios, mientras Marina Lora explicó también que las administraciones ostentan un papel en la sociedad desde el cual es posible intentar "frenar" este fenómeno.
En este sentido, el alcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero (PSOE), manifestó que su Ayuntamiento está "mediando" en los desahucios promovidos por los bancos. Además, defendió medidas como la prohibición de que los policías locales colaboren en los desahucios o dejar de "trabajar" con los bancos que promuevan desahucios o prácticas abusivas para lo que reclamó aunar fuerzas.
