Las agresiones de los vigilantes del Metro de Madrid recogidas por las cámaras de seguridad y denunciadas por algunos medios de comunicación, ponen de manifiesto la crueldad con la que estos trabajadores de una empresa pública se ensañan con unos ciudadanos. Y demuestran también la impunidad de estos comportamientos, que a todo lo más han merecido el despido según afirman los responsables de la empresa, sin que dieran cuenta de estos hechos al Ministerio Fiscal.
No obstante, el relato anterior no responde a hechos aislados que se producen muy circunstancialmente, pues muchos podemos contar una experiencia en la que vigilantes uniformados han intentado imponer su autoridad con desprecio a nuestros derechos y, si no, que cuenten nuestros jóvenes el calvario que les supone entrar en una discoteca o en una bar de copas custodiados por estos defensores de intereses ajenos. Y en efecto, está muy extendida la presencia de estos trabajadores en locales comerciales, centros de trabajos, medios de transportes... sin importar que sean de titularidad privada o pública, pues están por todas partes asumiendo funciones de vigilancia y de seguridad. Hay que considerar que estas funciones son las que más genuinamente están ligadas a la soberanía, de ahí que su realización se encomiende a los poderes públicos, pues tocan muy directamente el ejercicio de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, señaladamente la libertad personal en todas sus manifestaciones y, más en concreto, la que hace referencia a la libertad de movimientos. Por ello, el desempeño de las mismas se encomienda a personas sometidas a un régimen jurídico muy específico, las que integran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; un régimen jurídico que regula su selección y formación así como su responsabilidad, con el fin de asegurar el respeto a los derechos de los ciudadanos que le encomienda. Sin embargo, una creciente privatización de estos servicios ha llevado a que sean empresas privadas las que realizan estas funciones, si bien, se dice, éstas se hallan bajo el control de la Administración. El resultado es que son particulares los que controlan nuestros movimientos y limitan las posibilidades de desenvolvimiento en los espacios en los que han sido asignados.
Y este trasvase de funciones públicas a actores privados se hizo en su momento sin el necesario debate por parte de la sociedad. Un debate aún pendiente y que avivan hechos como los descritos. Se impone pues que se propicie por parte de la clase política una reflexión acerca de la existencia de estas empresas y las funciones que se le asignan, pero que también alcance, caso de admitirse, a señalar los límites con los que deben actuar, la selección de los trabajadores por parte de la patronal, su formación, pues se tiene la impresión de que estos aspectos, a pesar de que puedan estar regulados algunos de ellos, no satisfacen plenamente las exigencias de una sociedad democrática que cifra su identidad en el respeto de los derechos de sus ciudadanos por parte de aquéllos que tienen la obligación de defenderlos.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide
