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¿En qué manos estamos?

La tan traída crisis financiera ha desvelado la cara real del modelo capitalista. Ha evidenciado un sistema económico que está en manos de las empresas, sobre las que poco se puede hacer pues hace tiempo que los poderes públicos renunciaron a sus facultades de intervención...

el 15 sep 2009 / 18:45 h.

La tan traída crisis financiera ha desvelado la cara real del modelo capitalista. Ha evidenciado un sistema económico que está en manos de las empresas, sobre las que poco se puede hacer pues hace tiempo que los poderes públicos renunciaron a sus facultades de intervención. De ello resulta que la satisfacción de las necesidades más elementales de la ciudadanía depende de sus estrategias económicas.

Las entidades financieras nos tienen cogidos en un puño al cerrar la concesión de préstamos, y la situación de los trabajadores pende igualmente de las decisiones de unos empleadores que no tienen más miras que rentabilizar al máximo sus inversiones, aprovechando la crisis para aligerar costes sociales. Y así podríamos seguir analizando los comportamientos de todos los actores económicos, ejemplos notables de insolidaridad.

Todo ello sucede a pesar de que los respectivos gobiernos se han volcado en apuntalar el sistema mediante la concesión de una serie de ayudas y beneficios económicos que los bancos utilizan o rechazan en función de sus propios intereses.

Tal cosa ha ocurrido con la subasta de activos financieros destinada a insuflar liquidez al mercado a fin de que el dinero circule, a la que han acudido muy pocas entidades por consideraciones que nada tienen que ver con las necesidad de superar la crisis en la que estamos inmersos. Lo mismo está ocurriendo con los beneficios en la contratación de trabajadores. Este es el rostro real de un sistema que se ha impuesto sin miramientos en los últimos años.

Y se ha impuesto con la complacencia de todos: de los trabajadores, que han soportado bajos salarios y condiciones laborales precarias; de los consumidores, que hemos pagado sin rechistar lo que se nos ha pedido por una vivienda, que nos hemos entrampado hasta el infinito y de por vida; y de los poderes públicos, que han presentado los buenos resultados del modelo de desarrollo como conquistas propias. Lo hemos aceptado todo sin cuestionarlo.

Por estas razones llama la atención las críticas que se han vertido a la compra de acciones de Repsol por la empresa rusa Lucoil. Cierto es que la operación produce más que inquietud, por muchas razones, entre las que están la opacidad del mercado en ese país y que entre la política en las decisiones empresariales.

Pero no podemos desdeñar el hecho de que sea una empresa española la que vende sus acciones, impulsada por entidades financieras también españolas. Son estas las que pueden poner en un brete el suministro energético en España, pues en sus manos hemos puesto la capacidad de decidir sobre intereses que a todos afectan, consecuencia de la ola de privatizaciones que se nos vendió como la panacea del progreso.

No obstante, el sistema económico permite la participación de otros actores, otros protagonistas que nos representen a todos, que defiendan los intereses generales; nos referimos en concreto a los poderes públicos. Es posible, y hay que decirlo, la estatalización de empresas, la gestión por los poderes públicos de servicios básicos, la intervención de precios, la limitación de la iniciativa privada para la defensa de los más débiles... Figuras estas y muchas más que contempla nuestra Constitución, inspiradas en el artículo 128.1 que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general", expresión del Estado democrático y social.

Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide.

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