La filipina Cynthia Delfino y su pareja, el británico David Scott, han vivido una pesadilla desde que en diciembre pasado fueron detenidos por adulterio, un delito que en la católica Filipinas acarrea penas de hasta 12 años de prisión.
El caso ha expuesto de nuevo la fuerte influencia que ejerce la Iglesia en este país, cuya legislación no contempla el divorcio y donde, para conseguir una anulación de matrimonio, es necesario pasar por un rosario de penalidades, además de disponer de una abultada cuenta bancaria.
La historia de amor entre David y Cynthia comenzó en 2006, como otras muchas relaciones a distancia, frente a la pantalla de un ordenador.
Cynthia le confesó que llevaba un año separada de su marido y que su situación era irregular, pero a David no le importó: se conocieron, se enamoraron y Cynthia quedó embarazada.
Ocho meses después, una denuncia del marido ultrajado dio con los huesos de la pareja en una celda "con ratas, sangre y excrementos en las paredes", según su propio testimonio.
Una vez conseguida la libertad condicional tras pagar unos 100.000 pesos entre fianzas y sobornos (unos 2.100 dólares), se dieron a la fuga con la esperanza de que la diplomacia británica les sacase del atolladero.
Pero eran fugitivos de la ley y la cosa no iba a ser tan sencilla.
"Lo primero que me dijeron en la embajada era que la niña que esperaba Cynthia no era legalmente mía, pese a ser el padre biológico. Me aconsejaban salir del país sin ellas", ha relatado David.
La pareja logró escapar ilegalmente a Bangkok cuatro meses después y sin el millón de pesos (22.000 dólares) que repartieron en sobornos para organizar su huida.
"El único crimen que del que soy culpable es de acostarme con el hombre que amo", dijo Cynthia recientemente a la prensa británica.
La conocida activista de los derechos humanos Katrina Legarda indicó a Efe que "las relaciones sexuales consentidas entre dos personas adultas no deberían ser delito".
Legarda explicó que hace 15 años acudió al Parlamento a defender la despenalización de la infidelidad y fue "tachada de amiga del diablo" por los sectores conservadores.
La mayoría de los grupos filipinos de derechos humanos declinan condenar la ley, argumentan que los casos que llegan ante el juez son muy raros y se limitan a pedir la equiparación por sexos de las penas en los delitos de infidelidad.
El Código Penal, basado en el español (que no despenalizó las relaciones extramatrimoniales hasta 1978), establece que cometen adulterio "la mujer casada y el que yace con ella, sabiendo que es casada", con condenas de hasta 12 años de prisión.
En cambio, el marido infiel sólo puede ser enjuiciado cuando cohabita con su amante, mantiene relaciones consideradas "escandalosas" o se relaciona con su amante en el hogar conyugal.
Para el marido infiel, la pena máxima también es menor: de cuatro años de cárcel.
"La ley no se corresponde con la realidad de la calle. Para conseguir la nulidad, hay que alegar enfermedad mental de alguno de los cónyuges", explicó la secretaria general del partido feminista Gabriela, Cristina Palabay.
Éste fue el caso de Lito, de 69 años, abandonado por su esposa en 1974, tras 13 años de matrimonio.
Lito, que pidió a Efe no revelar su apellido, accedió a que su mujer le acusara de agresión cuando no le complacía en la cama, para disponer de un argumento válido en el juicio de anulación.
"Dije a todo que sí porque era la única manera de que nos concedieran la nulidad", explicó Lito, quien pagó 50.000 pesos (1.100 dólares) para hacer frente a las costas civiles; y otros 50.000 para las eclesiales, una fortuna por aquel entonces.
Lito tardó un año en estar legalmente desvinculado de su primera mujer, pero hay quien no lo ha tenido tan fácil.
La famosa actriz local Zsa Zsa Padilla esperó 15 años para obtener la anulación de su primer matrimonio, contraído a los 16 años, con un marido que se negó a cooperar.
Sin embargo, pese a las dificultades, cada vez más filipinos emprenden el proceso de anulación.
Los datos de la Oficina del Fiscal General arrojan que 7.753 parejas emprendieron los trámites en 2007, comparadas con las 7.138 del año anterior.
Hasta entonces, el número de solicitudes nunca había alcanzado las 7.000 en un país en el que el 88 por ciento de sus 90 millones de habitantes se declara católico.
