Hace unos meses, los encofradores andaluces podían sacar 6.000 euros al mes, en buena racha: el boom de la construcción no sólo supuso pelotazos entre contratistas y seguidores políticos del gilismo, en los distintos partidos políticos, sino que elevó exponencialmente los salarios del gremio de la construcción.
¿Alguien imagina a los albañiles de este país sustituyendo la hormigonera por los tractores, el palaustre por el canasto de fresas en Huelva, durante la próxima campaña? Sí, el ministro de Trabajo e Inmigración, Jesús Corbacho, parecía considerarlo así al darle aire a un insólito globo sonda, el de que el Gobierno limitaría en 2009 la contratación de extranjeros en su país de origen a los convenios internacionales firmados por España o a contratos de especialización, aproximando la cifra de contratos al punto cero.
Ni en su segundo mandato Aznar y su temible secretario de Estado Fernández Miranda llegaron a rozar semejante disparate: eliminar las contrataciones en origen, sea de manera directa o mediante contingentes, proporciona una coartada formidable a la inmigración clandestina y al trasiego de seres humanos con el que se supone que la UE y el Gobierno español quieren acabar. Corbacho, inicialmente respaldado por el portavoz socialista José Antonio Alonso y sensatamente desmentido por María Teresa Fernández de la Vega, se pasó el resto de la semana matizando sus apreciaciones, también a menudo de forma chusca.
Pero el tarro de las esencias xenófobas ya estaba abierto. Como acusó a Corbacho Gaspar Llamazares, los sindicatos y diversos dirigentes de su propio partido, había relacionado la crisis económica con la inmigración, cuando sencillamente la inmigración ha contribuido en este país justamente a lo contrario. Más allá de esa gana repentina que le ha entrado al Gobierno de ZP por sacarle algunos palmos de ventaja a la demagogia electoral de Mariano Rajoy y de los suyos, convirtiendo a la inmigración en un arma política de imprevisibles consecuencias, hay algo preocupante en las manifestaciones de Corbacho y de Alonso: su desconocimiento de la legalidad vigente.
En todas las leyes de extranjería, desde la del 85 a la de Pimentel o la que actualmente padecemos propios y extraño, tal y como aseguró Alonso, "si hay un puesto de trabajo que puede ser cubierto, en función de la cualificación requerida, por un desempleado español, éste tiene que tener prioridad". O es que, de no ser así, ¿alguien puede explicarme por qué las ingenieras rusas trabajan al resol de los invernaderos de Almería o por qué filólogos camerunenses aguardan un autobús para Jaén, donde los olivos vuelven a estar a punto del oro verde?
