Encuentran un lince tiroteado en Aznalcázar

Los conservacionistas plantearán el cierre cautelar de los cotos y notificarán a la UE el "despilfarro" del dinero del LIFE.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia  Civil se encuentra en proceso de investigación de las circunstancias  en las que pudo causarse la muerte de un ejemplar de lince ibérico  cuyo cadáver ha aparecido, en avanzado estado de descomposición, en  la zona conocida como Dehesa de Torneros, en el término municipal de  Aznalcázar (Sevilla). Según los datos del proyecto LIFE Iberlince recabados por Europa  Press, la pasada semana técnicos del equipo localizaron los restos  del animal, que fueron trasladados al Centro de Análisis y  Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) de la Junta de Andalucía,  donde se le realizó la necropsia. Así, en la radiografía practicada  en el cráneo del animal se observan hasta seis orificios de  municiones --perdigones del calibre 6--, siendo ésta la causa de la  muerte. La Benemérita investiga este acto al suponer un atentado contra la  conservación de un animal protegido, "patrimonio de todos los  andaluces", y un acto de furtivismo que atenta contra el colectivo de  cazadores. Tras tener constancia de lo sucedido, el portavoz de Ecologistas  en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha  precisado a Europa Press que pondrán el caso en manos de la Fiscalía  de Medio Ambiente, a la que plantearán el cierre cautelar de los  cotos y medidas sobre la actividad cinegética, y de la Unión Europea  (UE), "a la que haremos saber que el dinero que destinan para la  recuperación del lince, con el proyecto LIFE, se despilfarra por lo  que hace una pandilla de desalmados". "Según nuestras estimaciones, entre atropellos y disparos, y en  función de los recursos destinados para la recuperación del lince,  cada ejemplar nos cuesta un millón de euros", ha lamentado Romero,  que ha exigido "no tolerar que cuatro pistoleros los maten con total  impunidad". Así, el portavoz de Ecologistas en Acción ha exigido una  persecución "criminal" contra la actividad de estas personas,  instando a exigir responsabilidades en base al dinero que se gasta y  a la "mucha permisividad" que consideran se tiene para con ellos,  "pues todos saben quienes son". Y es que la labor de vigilancia en el interior de los cotos y por  parte de los propios cazadores debe ser parte fundamental de la  solución, según Romero, que ha recalcado que aún no se ha detenido a  nadie por disparar a una especie protegida.

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