"Pleitos tengas, aunque los ganes", reza una maldición gitana que parece dedicada a procesos como el caso Camas, que continúa enredado en la madeja judicial cinco años después de que se destapara el supuesto intento de soborno a una concejal para que apoyase al Gobierno local.
Junto a su complejidad, el caso se ve afectado por una lentitud endémica a una administración de Justicia que está en las antípodas del avance tecnológico: en los juzgados los papeles se entregan en persona, se fotocopian, firman y compulsan, se registra a mano cada escrito presentado... los documentos se reparten sólo una vez por semana y nada tiene código de barras ni se puede enviar ni consultar por internet.
Por eso, aunque cinco años es mucho tiempo, ni siquiera puede hablarse de dilación indebida, porque el proceso no ha estado nunca parado. Pero este asunto es complejo: varios implicados y pruebas de cierta dificultad, como fueron los análisis de voz realizados sobre la cinta en la que un implicado grabó el intento de soborno, son los argumentos con los que el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, justifica que los casos se lleven años en un juzgado de Instrucción. "Ahora no tenemos retrasos escandalosos", afirma, pero detalla que la investigación se alarga si hay pruebas complicadas, como las muchas auditorías pedidas por la juez que indaga en la gestión de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Betis; o las comprobaciones que hicieron falta para confirmar que dos colaboradores municipales malversaron dinero usando facturas falsas en el distrito Macarena, un caso que tardó cuatro años en tener sentencia. O si hay muchos implicados o perjudicados, como ocurrió al romperse la presa de Boliden en Aznalcóllar, que sumó 26 imputados y 200 agricultores afectados por los lodos tóxicos.
Los consultados coinciden en que los casos mediáticos, como el de Marta del Castillo, suelen ir todo lo rápido que es posible. "En ese asunto no se ha parado, cerrarlo en año y medio es mucha rapidez porque ha sido complejo: los acusados han cambiado de versión varias veces", explican.
El decano de los jueces cree que en la fase de investigación no hacen falta refuerzos, pero el colapso llega al buscar fecha para el juicio. En lo Penal, cada juzgado llevó el año pasado 579 casos, cuando el máximo recomendado son 450, con lo que se desbordan y hay juzgados sin fechas libres de aquí a dos años.
Sí hay procesos, como el de la caída del muro de la calle Bustos Tavera que mató a una joven en 1999, en los que nada justifica una tardanza inusual. La sentencia que condenó a las dos arquitectas responsables de la construcción llegó a los diez años, por lo que la Justicia contempló la atenuante de "dilación indebida" para rebajarles la condena.
"Algunos juristas pensamos que en esos casos se debería renunciar al proceso, porque alguien juzgado tantos años después es ya una persona distinta de la que cometió el delito", sentencia José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla. Que le digan si se cambia a Carmen Fernández, a quien le retiraron a dos hijos mientras se recuperaba de su alcoholismo: cuando el proceso acabó, a los seis años, el tribunal censuró la retirada de los niños pero sentenció que ya no era posible devolverlos a su madre, a la que otorgó una indemnización millonaria para compensarla. Dinero que, por cierto, murió sin recibir, atascado en otro proceso judicial.
Para Gallardo, la sobrecarga judicial que justifica las tardanzas se solventaría con más jueces: "No tanto más juzgados, pero sí jueces, que son los que tienen que resolver. Yo estoy esperanzado en que se agilice con la Oficina Judicial [nuevo modelo que da más competencias a los secretarios judiciales para descargar a los jueces, e incorpora las nuevas tecnologías]". También está el tópico de que los abogados recurren mucho para retrasar los juicios. "Es una falacia, los recursos no retrasan. No es sólo que sean un derecho y una garantía procesal: es que un recurso de reforma hay que presentarlo en tres días y uno de apelación en cinco ¿eso causa retraso? Lo que lo provoca es que el juez tarde meses en responder", zanja ofendido un letrado.
El decano de los abogados tampoco suscribe la acusación, y recuerda que hay sanciones si se recurre abusivamente. "Lo que provoca retrasos son los tiempos muertos, que a veces se deben a la sobrecarga de trabajo", insiste. "Un catedrático lo explicaba con humor, aludiendo a la jurisdicción más colapsada: decía que los plazos de lo Contencioso-administrativo son incompatibles con la vida humana".
