I. Comeseña / J. Alonso
El derrumbe del Bazar España en 1998, la pedrada lanzada a una niña desde El Vacie en 2005 y el atropello mortal en Hytasa en 2008. Los tres sucesos responden a un mismo patrón. Tras un trágico incidente, se establece un debate político sobre culpabilidades que se solapa con un compromiso de ayudas sociales.
El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha recurrido a una fórmula con varios precedentes en el Ayuntamiento para escenificar su apoyo a la familia de la mujer atropellada en la avenida de Hytasa y que tiene su origen en el derrumbe del Bazar España, que costó la vida a cinco personas. Un año después del trágico incidente, el regidor encargó un informe jurídico para indemnizar a las familias.
El estudio señaló dos vías: adquirir una responsabilidad patrimonial -abrir un expediente interno asumiendo parte de culpa- o establecer una vía de ayudas solidarias, similares a las que se pueden otorgar a una familia afectada por un atentado terrorista. Se escogió la segunda para sofocar una crisis que podía desembocar en la ruptura del pacto entre PSOE y PA, lo que provocó malestar entre los afectados, que además vieron reducirse la remuneración al ser considerada ayuda y no indemnización: Hacienda les exigió la mitad.
Cinco años después, en el segundo mandato de Monteseirín, se produjo una situación similar después de que una niña recibiera una pedrada cerca del Vacie. Y en el tercer mandato del PSOE se repiten los hechos. El accidente de Hytasa ha vuelto a situar al Ayuntamiento en este escenario. Ahora, la responsabilidad oscila entre Movilidad y Urbanismo. Los responsables de estas áreas, Francisco Fernández y Emilio Carrillo, respectivamente, han eludido entrar en un cruce de declaraciones o escenificar una división, aunque las maniobras del pasado martes dejaron en evidencia a los dos.
Urbanismo, según explicó Emilio Carrillo, conocía el informe remitido por Movilidad denunciando los problemas del semáforo del cruce de Hytasa derivados de las obras del Plan de Barrios, pero no sabía que el juez había sido informado. Pese a ello, Carrillo no se siente señalado por Fernández. Los delegados se aferran a los informes de sus respectivas delegaciones sin cruces de declaraciones.
Sólo hay dos voces autorizadas para hablar de responsabilidades políticas o penales. Una es el juzgado, que ha iniciado ya las diligencias previas que, en caso de decretar que hay culpa, podrían establecer una indemnización de unos 51.600 euros, según el baremo de accidentes, el único que existe para calcular indemnizaciones -no se abrirá la vía penal ya que la familia no quiere querellarse.
Otra, el alcalde, que ha definido su estrategia. Ha pedido a la delegada de Bienestar, Ana Gómez, que ofrezca todos los servicios municipales a los afectados. Y ha encargado a los servicios jurídicos la busca de una vía para ayudar a los afectados sin asumir responsabilidad: como en el Bazar España.
