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Entre rejas sin asesor legal

Desde el 30 de abril los reos no tienen abogados que tramiten sus quejas y peticiones.

el 05 may 2012 / 13:47 h.

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Las cárceles sevillanas acogen actualmente a 3.365 reos que necesitan asesoramiento jurídico para pedir permisos, presentar recursos sobre medidas relacionadas con el cumplimiento de su condena, presentar quejas por la denegación de excarcelaciones para acudir a citas médicas o trámites legales de extranjería –uno de cada tres reclusos es inmigrante– o asuntos civiles, laborales o familiares ajenos al motivo por el que están en la cárcel. 66 abogados prestan este servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria (Soajp) a través de un turno de oficio específico con un sistema de guardias que coordina el Colegio de Abogados. Desde el pasado 30 de abril, este servicio está paralizado por un conflicto entre la Junta, que financia el Soajp, y el Gobierno central, que como responsable de Instituciones Penitenciarias tiene la potestad de controlar la prestación del mismo y facilitar a los profesionales el acceso a las cárceles.

El Soajp funciona desde 2001 pero hasta 2008 se financiaba con la partida presupuestaria de la Junta para el turno de oficio general y funcionaba mediante convenios bilaterales entre el Ministerio de Interior con cada Colegio de Abogados. En 2008, el Ejecutivo andaluz suscribió un convenio marco con el Gobierno central y el Consejo Andaluz del Colegio de Abogados para toda la comunidad y pasó a financiar este servicio con subvenciones diferenciadas del turno de oficio.

Maraña administrativa. El convenio expiró en abril de 2011 pero el servicio siguió funcionando. En las cuentas de 2012, la Junta presupuestó 400.000 euros para mantenerlo en toda Andalucía sin embargo asegura que sin el permiso del Gobierno no los puede gastar. “Si no firma la adenda tenemos problemas para justificar el pago y la Intervención lo puede echar atrás”, señala el secretario general de Justicia de la Consejería del ramo, Pedro Izquierdo. El Ejecutivo central alega que hasta diciembre, la Junta no solicitó la renovación del convenio y que ésta pendiente de un informe de Hacienda para aprobar que Andalucía pueda gastar ese dinero en este servicio en pleno control a las autonomías para que cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La Junta teme que el objetivo del Gobierno es no firmar el convenio porque “no quieren que Andalucía se gaste ese dinero”. Izquierdo asegura que el Ministerio de Hacienda ya ha impedido renovar un acuerdo que ambas administraciones tienen para impartir formación a los fiscales y secretarios judiciales, aunque en ese caso pagan ambos.

Hasta aquí la maraña administrativa, un conflicto entre administraciones de distinto signo político, como denunció el jueves la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH). El Ministerio, según esta ONG, esgrime que los presos tienen a su disposición a los juristas de Instituciones Penitenciarias –unos cinco por centro–, pero muchos de sus recursos y quejas son precisamente contra decisiones de esta administración, por lo que sus intereses no pueden ser bien defendidos por letrados que están al servicio de aquellos contra los que los reos se quejan.

“Se crea un vacío de asesoramiento legal que puede dar lugar a abusos y arbitrariedades”, asegura José Castilla, uno de los letrados del Soajp y hasta hace poco coordinador del servicio en Sevilla. Castilla afirma que “el 90 o 95%” de los presos acude a este servicio para informarse de cuestiones jurídicas y tramitar sus peticiones y reclamaciones legales, incluso aunque durante su proceso judicial hayan contado con un abogado particular y no de oficio. “Apenas un 5% mantiene un letrado propio una vez terminado el proceso para cuestiones relacionadas con el cumplimiento de su condena”, añade.

El año pasado, el Soajp atendió 3.449 consultas en las cárceles sevillanas (Sevilla I, Morón, la de mujeres de Alcalá, el Psiquiátrico Penitenciario y el Centro de Inserción Social) y las cifras de atención de este servicio aumentan año a año (en 2011 hubo 396 más que en 2010).

En la semana que el servicio lleva sin funcionar ya se han acumulado solicitudes sin atender (600 en toda Andalucía, según APDH), porque las peticiones y consultas son el día a día en la cárcel. Es frecuente, según la memoria del Soajp, que los presos preventivos pidan incluso a los abogados de este servicio que les pongan en contacto con sus letrados de oficio para sus procesos penales, de los que a veces desconocen hasta su nombre. La parálisis conlleva además un conflicto laboral. Los abogados no han cobrado los tres meses que han estado trabajando aunque, según Castilla, los retrasos en los pagos son frecuentes. Les deben parte de 2010 y el segundo semestre de 2011. La Junta reconoce que sin convenio esos pagos se pueden dificultar.

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