La semana pasada se reunieron en Sevilla más de 120 especialistas -de España y fuera de ella- para debatir en torno a un único tema: la epilepsia. Esta enfermedad crónica, que aparece en forma de crisis inesperadas y espontáneas producidas por la actividad excesiva de un grupo de neuronas hiperexcitables, está rodeada de prejuicios muy dañinos en nuestra sociedad. A menudo decir que se tiene epilepsia (o sufrir una crisis en el trabajo) tiene consecuencias de índole laboral, en forma de despidos, no renovaciones de contratos, etc... Una situación de indefensión que la Asociación Andaluza de Epilepsia Ápice quiere denunciar con voz alta y clara.
Son muchas las historias reales -con nombre y apellidos- que se cuentan en la asociación, y todas muy parecidas, según explica Charo Cantera, su presidenta. "Si dices que eres epiléptico no te contratan, y si no lo dices, cuando sufres una crisis te echan a la primera oportunidad". Sin embargo, si lo que se padece es diabetes o bajadas de tensión, "ningún problema", denuncia. Todo será comprensión.
La realidad es que, en la mayoría de los enfermos de epilepsia, si se conoce la forma de actuar ante una posible crisis, la situación habrá sido parecida: apenas unos minutos de indisposición. "Más de la mitad de los epilépticos sólo sufre, como mucho, un par de crisis al año. ¿Por qué tantos prejuicios y problemas laborales entonces?", se preguntan los afectados hispalenses de esta dolencia neurológica crónica.
Es el caso de Manuel, nombre ficticio con el que este sevillano quiere ocultar su identidad. Tiene un miedo más que justificado a que se le reconozca y no se le contrate en el futuro. Su caso fue de libro: sin ser un enfermo grave de epilepsia (ha sufrido dos crisis en toda su vida), tuvo la mala fortuna de tener un episodio en la oficina donde trabajaba. Convulsionó y cayó al suelo sin conciencia, y los compañeros, presas del pánico, le dislocaron los dos hombros al intentar socorrerlo. A los pocos minutos se despertó, pero la lesión de los hombros le obligó a darse de baja. Ya no volvió nunca a esa oficina; antes "estaban muy contentos con él, le habían incluso felicitado por su trabajo", pero ahora todo había cambiado. No fue renovado. "Compañeros míos con bajadas de tensión, que se marchaban a casa con toda la mañana perdida, no tienen sin embargo ningún problema allí", se queja amargamente Manuel.
No es el único caso. En la asociación se cuentan muchas historias similares. A Juan, otro afectado por un despido -en este caso "no superación del periodo de prueba"- le ha ocurrido esta misma semana. Según cuenta, en su trabajo todos estaban muy contentos con él. "Pese a que llevaba poco tiempo ya estaba echando más horas que un reloj, y los jefes habían pedido un uniforme para mí", relata. Tras sufrir una crisis le comunicaron la decisión. De nuevo al paro.
Lo que estos y otros testimonios ponen de manifiesto es que existe un gran prejuicio -y perjuicio- que sufren los epilépticos en el terreno laboral, situación que se ve empeorada por la normativa jurídica al respecto. Tal y como explican desde la asociación Ápice , tras una crisis epiléptica está prohibido conducir vehículos durante un año, debido al riesgo de accidente si se repite el episodio al volante. En el caso de Manuel, que vive en un pueblo, esto supone un tremendo hándicap a la hora de buscar empleo. Sin embargo a estos enfermos no se les considera minusválidos, y muy difícilmente, sólo en los casos más graves, consiguen que se les reconozca algún grado de discapacidad.
Ante esta situación, los epilépticos hispalenses, en boca de la presidenta de Ápice, Charo Cantera, demandan el reconocimiento del 33% de discapacidad para los enfermos de epilepsia, de forma que "al menos puedan aliviar su dificultad manifiesta a la hora de encontrar o conservar un empleo", gracias al reconocimiento oficial de la minusvalía. "Es algo que raramente se está consiguiendo", denuncia.
Por su parte, la asociación Ápice está "a punto" de abrir un centro especial de empleo, dedicado por entero a personas con esta problemática. Eso sí, sólo para aquellos que tengan ya reconocida el 33% de discapacidad, gran caballo de batalla de estos enfermos ante la administración.
