No pueden más que causar turbación y desasosiego las declaraciones que hizo el sábado la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Sevilla Eulalia Blat. En ellas, alertaba de que la situación que se vive en los cuatro tribunales sevillanos que tramitan estos asuntos es similar a la de un "polvorín" y advertía de que "puede pasar cualquier cosa, pues ahora no están los ojos puestos en ningún asunto" y los expedientes se amontonan por la huelga de los funcionarios de estos órganos judiciales. Al respecto, conviene distinguir entre el paro de los funcionarios y las palabras de la magistrada. La huelga es fruto de la oposición de los 40 funcionarios adscritos al servicio a la reorganización del sistema de guardias que emprenderá la Junta a partir de enero. Los trabajadores, apoyados por los fiscales y por los jueces de estos tribunales, entienden que la falta de recursos impedirá un servicio eficaz, pues la plantilla se reducirá un 60% durante las guardias, y por eso han convocado esta huelga de carácter preventivo. Esto último está por ver: el sistema aún no se ha aplicado y no ha podido ajustarse a las necesidades operativas reales. La razón de ser del paro es por tanto discutible, aunque la falta de medios con la que se trabaja en la Administración de Justicia invite a pensar que las demandas de los funcionarios puedan estar sustentadas. En cuanto a las declaraciones de la jueza, generan una mezcla de desazón y temor. Habrá quien entienda que ha ejercido su responsabilidad llamando la atención sobre el colapso que viven estos juzgados, pero, de otra parte, también se podría considerar que sus palabras generan una alarma excesiva en una sociedad que, ya sólo este año, lleva contabilizadas 59 víctimas mortales por casos de violencia doméstica. En cualquiera de los casos, sus razones tendrá para haberse expresado de este modo. Ojalá que los hechos no terminen por darle la razón, pues en este caso estaríamos ante otro fracaso más del sistema judicial español.
