“Es injusto. Pasamos de tener una ilusión a venirnos abajo”

Una de las familias que pudo frenar su desahucio lamenta el recurso del Gobierno. Un total de siete familias se habían beneficiado hasta ahora de la norma.

el 29 jun 2013 / 22:40 h.

Ana María Gómez, la mujer divorciada y con dos hijos menores a su cargo que esta misma semana pudo acogerse al decreto ley sobre la función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía, tachó ayer de “paso atrás” e “injusto” el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha anunciado que interpondrá contra la norma andaluza. “Pasamos de tener una ilusión a venirnos abajo”, lamentó Gómez, quien añadió a Europa Press que lleva “cinco años luchando para que ahora que he visto una luz, otra vez tenga que ir para atrás”. “No lo veo justo”, dejó claro. valderas-huelvaEs una de las reacciones tras anunciar el Gobierno central el viernes que presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley antidesahucios de la Junta, lo que supondrá paralizar una medida que permitiría expropiar a los bancos por un periodo de tres años aquellas viviendas de familias que iban a ser desahuciadas y en riesgo de exclusión social. La norma ha beneficiado de momento a siete familias andaluzas. La afectado advirtió, tras el recurso del Gobierno, que si no puede acogerse al decreto ley de la Junta, se verᔠen la calle”. “Literalmente no tengo dónde ir; mis niños, de cinco y 10 años, no tienen dónde ir”, denunció. La vivienda de Ana María Gómez, que se encuentra en el Camino de Suárez, en Málaga capital, recibió una orden de desahucio, cuya ejecución estaba prevista para el pasado 13 de junio; sin embargo, según indicó, fue parado con la ayuda de su abogada. Por el momento, siete casos se han beneficiado del decreto aprobado por la Junta, que contempla expropiaciones temporales de viviendas. Entre ellos, dos se localizan en la capital malagueña: el de Ana María Gómez y el de una familia numerosa de origen marroquí, con cuatro hijos y los dos progenitores en situación de desempleo, cuya casa está en calle Ebro, en el distrito de Palma-Palmilla. El recurso al Constitucional supone frenar esa medida.

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