-La ley integral contra la violencia de género cumple tres años. Se impone un balance. ¿Está convencido de que ha evitado alguna muerte o agresión?
-Sí, estoy totalmente convencido. Ha servido para concienciar a muchas mujeres y criticar el hecho de la violencia y todo lo que conlleva, el aislamiento y la agresividad que va atrapando a las víctimas. La prevención y sensibilización ha servido para cuestionar y rechazar esas conductas. Luego cuando ha habido violencia y se ha denunciado la respuesta judicial y policial ha sido muy contundente, mucho más rápida, han aumentando significativamente las órdenes de protección, ha habido más sentencias condenatorias con penas de prisión que han ido aumentando. Además las medidas sociales han facilitado que muchas mujeres puedan salir de la violencia cuando antes pensaban que se veían obligadas a continuar aguantando porque no tenían donde ir, dinero ni ayuda para aprender a trabajar.
-No es la primera vez que habla de fallos de coordinación, lo ha hecho al analizar por qué en el 15% de los asesinatos había órdenes de protección.
-La coordinación es básica, no hay un sistema que garantice una comunicación inmediata entre los diferentes profesionales que están interviniendo. La asistencia social no conoce cómo va la medida de tipo judicial y policial, los profesionales sanitarios no están conectados con la prisión para saber cuándo va a salir el agresor? Es necesario que todos conozcan parte de la información para poder detectar un riesgo, que la mujer no está respondiendo al protocolo de actuación por presiones. Vamos a desarrollar esa coordinación usando la plataforma digital de seguimiento del Ministerio de Interior para adaptarla a lo que denominamos una historia integrada de violencia, con información de los diferentes profesionales que pueda ser compartida para detectar posibles alarmas.
-¿Cómo funcionará ese sistema en la práctica?
-Por ejemplo, si una mujer deja de ir a una consulta de psicología, que lo sepa el policía y todos los implicados para averiguar si esa ausencia puede ser por amenazas. Si dice que está enferma, se le da otra cita y no pasa nada pero si vuelve a no ir, se empieza a investigar, localizar al agresor para ver qué está pasando.
-¿Cuándo estará disponible?
-Se está poniendo en marcha todo el proceso administrativo y esperamos que para mediados del año que viene.
-Hay asociaciones de mujeres e incluso administraciones como la andaluza que reclaman que la protección se centre más en controlar al agresor que en coartar la libertad de movimientos de las víctimas.
-Sí es importante tratar de que la mujer sufra las mínimas consecuencias. A mí particularmente no me gusta hablar de protección como si fuera una barrera física sino de contexto de seguridad, que conlleva el seguimiento del agresor, la reeducación y su control, las medidas de tipo social para que la mujer rehaga su vida y recobre su autoestima; conlleva que el grupo cercano a la mujer se implique, no podemos dejar todo en manos ajenas. En ese contexto de seguridad es donde queremos darle la mayor ayuda y recuperación a las mujeres y al agresor las mayores limitaciones por algo que ha hecho, no porque queramos demonizarlo.
-Muchos maltratadores ingresan en prisión tras una agresión con el objetivo de matar a su pareja cuando salgan. Recientemente se ha reformado el Código Penal para vigilar a pedófilos y terroristas después de haber cumplido sus penas. ¿Cabría plantear algo similar para estos delitos?
-Es verdad que es aplicable a cualquier circunstancia donde haya una continuidad en el objetivo. Lo que ocurre es que en la violencia de género estamos en la fase de análisis y no convenía precipitarse. Era mejor esperar a las conclusiones de los grupos de trabajo y de la subcomisión creada en el Parlamento para plantear una reforma legal. El terrorismo y la pedofilia son delitos más aislados, donde es más difícil llevar a cabo programas de reeducación.
-La reeducación de los agresores suele suscitar polémica ¿Se va a incidir en esa línea?
-Está contemplada en la ley y queremos establecer unos criterios comunes en todo el país para poder evaluar si dan resultado o no. Queremos poner en marcha programas que hasta ahora se desarrollan sólo en las cárceles y en pocos sitios se hace fuera y de forma dispersa.
-¿Implicaría una alternativa a otras penas?
-No, se trata de casos en los que no van a ingresar en prisión porque la pena es menor a dos años pero se puede actuar sobre esa persona e intentar modificar sus percepciones para controlar el riesgo. Es actuar sobre los hombres para proteger a las mujeres. Mientras tanto sigue la evaluación policial del riesgo, los estudios forenses de personalidad de los agresores y las medidas judiciales y si es necesario puede adoptarse el ingreso en prisión porque haya riesgo elevado o rechazo al tratamiento.
-4.000 prisiones preventivas pero hay más mujeres que tienen que estar 'escondidas'.
-Está cambiando el perfil, una de las cosas que está llamando la atención, y queremos hacer un estudio para principios de año, es que está disminuyendo la demanda de casas de acogida, precisamente porque estamos abordando el problema antes. Las órdenes de protección y otras medidas están evitando que la mujer tenga que salir corriendo.
-España ha anunciado que durante su presidencia de la UE en 2010 impulsará un observatorio para homogeneizar criterios sobre estos delitos. ¿Hay muchas diferencias?, ¿España es más o menos dura?
-España es referencia. La ley integral ha marcado un antes y un después. Como pasaba aquí en España, todavía hay muchas sociedades que entienden la violencia de género alrededor del concepto de lo doméstico. Todos los delitos, faltas y agresiones están regulados pero en las medidas y recursos específicos para la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujer, hay países que no consideran la relación de noviazgo o ex parejas, otros quieren incluir la violencia que sufren las niñas pero hay quienes piensan que entonces habría que incluir a los niños y ahí ya no entraría el concepto de género.
-400.000 mujeres españolas sufren malos tratos, 57 han muerto este año a manos de sus parejas o ex parejas y sólo el 2,7% de la población considera la violencia de género un problema grave. ¿Qué falla?
-Pues falla que sea sólo ese 2,7% de la población el que considera que este es un problema grave. Si no fuera así, el porcentaje de mujeres que denunciarían sería más alto y estaríamos resolviendo más casos de manera más precoz. Evitaríamos que se generara ese círculo de violencia que termina en que un hombre mata a una mujer. Ése es el problema, la raíz cultural que en el origen y en el resultado, a la hora de justificarlo, está presente. Es importante que destaquemos que a día de hoy las 57 mujeres que han fallecido este año, evidentemente un número nunca injustificable ni admisible, suponen 13 menos que el año pasado. Ese cambio social es muy importante y también tenemos que ver lo que se ha mejorado porque eso es señal de que la sociedad está respondiendo. El Gobierno da instrumentos pero quien tiene que resolver el problema es la sociedad. La sociedad merece ese reconocimiento de haberse enfrentado al violento y haber evitado muertes como se venían produciendo hace unos años.
