El próximo miércoles se producirá el encuentro del presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Es de esperar que esta nueva entrevista se desarrolle en un clima de mayor armonía que las anteriores, dado el cambio de actitud del PP manifestado en su último congreso. En este nuevo escenario cabe esperar que se produzcan consensos en asuntos importantes para los españoles, es decir, en las llamadas cuestiones de estado como el terrorismo o la justicia, aunque la economía a buen seguro ocupará un espacio importante en las conversaciones de ambos políticos. Respecto de esto último debemos preguntarnos si es posible un pacto en esta materia.
La gravedad de la situación aconseja un acercamiento de las posiciones de ambos interlocutores en el diagnóstico de la realidad y en la definición de las medidas a adoptar por el Gobierno. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla como aparenta. De entrada, porque la apreciación de la crisis por los dos líderes es muy diferente; la tibieza del presidente en su calificación contrasta con el catastrofismo del PP que no quiere perder los réditos políticos que le puede aportar esta situación. Pero más allá de su descripción, con ser esto importante, en lo que no puede haber acuerdo, o al menos no debe haberlo, es en las medidas que desde el poder político se deben adoptar para paliar sus efectos o revertir, si se puede, la realidad actual. Y entendemos que no debe haber consenso pues las acciones a desarrollar por el ejecutivo dependen de la ideología desde la que se diseñen, de izquierda o de derecha. Personalmente no coincido con el señor Rajoy cuando afirma la neutralidad de los remedios a la crisis económica que nos aqueja, tachando de anticuada la perspectiva ideológica en esta materia. En definitiva, está afirmando la esencialidad del mercado para fijar y producir reglas y comportamientos propios que están por encima o al margen de las opciones políticas, como si la distribución de los recursos, la apropiación de los bienes o la satisfacción de necesidades elementales fueran cuestiones cuya resolución no les compete a los responsables políticos.
La relación entre el mercado, entendido éste como el espacio en el que se dilucida la producción de bienes y servicios y su circulación, y los poderes públicos, ha marcado el pacto constitucional desde que éste se inaugurara con la instalación del Estado liberal burgués. Un pacto en el que el Estado ha ido ajustando sus cuentas con los operadores económicos en defensa de los más débiles, hasta llegar al Estado Democrático y Social, en el que, sin renegar del modelo de economía de mercado, se legitima la intervención de los poderes públicos para corregir las desigualdades a las que lleva el sistema. Pero sobre todo, supone reconocer la primacía del poder político sobre la economía. Desde esta perspectiva, defender la autonomía de las relaciones económicas, además de ir en contra de la experiencia histórica, implica de por sí una determinada opción ideológica que podríamos insertar en el más radical neoliberalismo, que sustrae a las aspiraciones políticas de la ciudadanía las reglas que deben regir el mercado.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide
