Varias decenas de afectados por la paralización de la promoción de 583 VPO de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han realizado hoy sendos escraches ante los domicilios del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para reclamar la intervención de ambas administraciones ante el conflicto. Las obras, promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa de la CEA en suelo municipal cedido para la edificación, están casi terminadas pero paradas desde 2009 y estaban financiadas por Bankia, por lo que actualmente forman parte de los activos tóxicos de esta entidad trasladados al Sareb (banco malo).
Los afectos reclaman que el Ayuntamiento rescinda el contrato con la promotora y la Junta resuelva el trámite legal de otorgar o negar la calificación definitiva necesaria para recepcionar la obra, ya que el plazo para hacerlo expiró en noviembre de 2011 y actualmente la promoción está en una situación alegal. El Consistorio, al cumplirse los 24 meses de plazo para la ejecución de la obra previsto en el contrato de cesión del suelo, optó en vez de por rescindir el contrato por multar a la promotora, una multa que según el presidente de la Asociación de afectados del edificio Isbylia, José María Ruiz, crece cada día y va ya por 2,2 millones de euros que se unen a un millón y medio que deben a los proveedores, además de la devolución de las cantidades entregadas (unos 18.000 euros de media) por el centenar de afectados que ya ha renunciado al piso.
La protesta ante la casa del alcalde, fuertemente protegida por tres furgonetas de la Policía Nacional y dos coches patrulla de la Policía Local, se desarrolló entre las 10.00 y las 12.00 de la mañana y se produce después de que los afectados lleven varios dos meses acudiendo a protestar ante el Ayuntamiento los días de pleno y en el último del miércoles interpelaran al alcalde durante el turno de ruegos y preguntas. Hemos ido a la casa de Zoido pero hemos estado en el Ayuntamiento y cuando le preguntamos en el pleno se había ido. Eso no es escuchar al pueblo, señaló Ruiz. Fue el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, el encargado de responder a la pregunta de ¿por qué la Gerencia de Urbanismo no rescinde el contrato? y según Ruiz, respondió que costaría 33 millones de euros y que lo hacían por nuestro bien porque eso podía tardar diez años cuando es inmediato.
Al mediodía, los manifestantes se trasladaron hasta el domicilio de Griñán en Mairena del Aljarafe, custodiado igualmente por la Guardia Civil y efectivos de las Policías Autonómica y Local, ya que en febrero estuvimos 21 días acampados frente a su trabajo, en el Palacio de San Telmo, y no nos atendió nadie. A la Junta le compete otorgar la calificación definitiva para recepcionar la obra.
Los afectados ya protagonizaron hace unos meses un escrache ante el domicilio del presidente de la CEA, Santiago Herrero, si bien en una reunión posterior con directivos de la patronal andaluza les dijeron que la única solución pasa por que el Sareb asuma la financiación de la promoción. Una representación de la asociación viajó el jueves a Madrid para reunirse con directivos del Sareb que, según Ruiz, dejaron claro que no iban a financiar la deuda pendiente para terminar los pisos. Estamos desesperados, ya no sé que nos queda, nos pondremos en huelga de hambre o no sé porque nadie se hace cargo, lamentó Ruiz.
