El patrimonio social que teníamos hace un siglo era bastante mayor del que tenemos hoy pero hoy somos bastante más conscientes del patrimonio que tenemos. Por eso antes se perdían tesoros sin que nadie se diera cuenta y hoy nos afanamos en preservar cuanto parece con valor.
El problema de entonces era, simplemente, guardar lo que podía perderse por incuria (por eso se meten los cuadros de iglesias desamortizadas en el museo); el de hoy lograr el dinero necesario para preservar un acervo que no deja de crecer día a día, desde los dólmenes del Aljarafe a la Fábrica de sombreros pasando por las "piedras escritas" de Constantina. El proceso que sigue a la conciencia del valor en cada caso es la de unos ciudadanos que exigen protección a las administraciones sin que a eso lo acompañen propuestas para la prolongación de ese proceso y sin que, a la vez, se llame a la participación social en esa labor.
Con esa lógica, la economía pública jamás tendrá dinero suficiente. Sin embargo aquellos bienes patrimoniales (públicos o privados) regidos por entidades con personalidad propia (cabildo catedralicio, patronato del Alcázar o Fundación Medinaceli, por ejemplo) aseguran razonablemente su conservación gracias a planes para captar fondos.
El olvido por los que exigen protección para esto o aquello de reclamar también la formación de un ente así puede ser o inconsciencia, o miedo a pasar de protestantes a gestores posiblemente protestados; el empecinamiento de algunos cargos públicos en no favorecer su formación en enclaves y conjuntos culturales o naturales es un misterio. Tal vez crean que si lo hicieran disminuiría su imagen pública. Puede que si o puede que no pero lo que es seguro es que por ahí lo que disminuirán serán las partidas presupuestarias. Eso sí que está escrito en la piedra.
Antonio Zoido es escritor e historiador.
