Comienza esta semana el curso académico en Andalucía. Los datos conocidos recientemente colocan a la educación española a la cola de la europea. Y si en estos días estamos preocupados con insistencia y con razón por la crisis económica, que todos deseamos que sea coyuntural, no podemos obviar que la crisis de la educación, además de grave, es peligrosamente estructural.
Desde el punto de vista social, el derecho a la educación es una exigencia del principio de legitimidad democrática del Estado y un requisito imprescindible para hacer efectivo el libre desarrollo de nuestra personalidad. La participación en la formación de la voluntad general ha de realizarse en condiciones de igualdad, y para que esto suceda es indispensable que el ciudadano disponga de la formación e información suficiente para que su voluntad sea autónoma.
Desde el punto de vista económico, una sociedad bien formada es el mejor aval de su propio bienestar.
Nuestra Constitución, que reconoce este derecho junto a la libertad de enseñanza, conceptúa al derecho a la educación no como un derecho de libertad, que pueda o no ejercerse. Es un derecho que tiene que ser ejercido inexcusablemente. De ahí que para el Estado este derecho haya de catalogarse como de prestación, pues está obligado a garantizar su ejercicio mediante el establecimiento de un servicio público de enseñanza.
Un servicio público al que las Comunidades Autónomas destinan un porcentaje importante de sus presupuestos y que se cubre por magníficos profesionales, sin olvidar el importante papel que juegan también los centros concertados. Por todo ello, resulta más desconcertante la búsqueda de las razones que sepan explicar resultados tan preocupantes.
En la educación superior le corresponde a la Universidad realizar este servicio público mediante la investigación, la docencia y el estudio. Así, entre otras, son funciones de la Universidad, la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, así como la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la calidad de la vida, y del desarrollo económico. Indudablemente, los malos resultados en la educación obligatoria conllevarán a corto plazo un empeoramiento de la calidad de los universitarios de nuestra sociedad.
Y si el sistema educativo, perfectible como todo lo humano, es razonablemente bueno, cabe suponer que, desgraciadamente, es un aspecto del factor humano el que está fallando. Simplificar siempre es errar, pero empieza a existir una opinión común que señala a la falta de mecanismos que premien el esfuerzo y castiguen la apatía como causa más importante del fracaso escolar.
Por el bien de toda la sociedad, presente y, sobre todo, la venidera, ésa que estará dirigida por quienes hoy son escolares, debemos reivindicar el trabajo, el esfuerzo y la voluntad de nuestros hijos e hijas como las mejores armas de futuro que disponemos.
