El alcalde, Juan IgnacioZoido, dijo en un pleno celebrado a principios de año, que la reforma local no afectaría a los servicios municipales. El Ayuntamiento mantiene este mensaje a capa y espada, aunque cada día está puesto más en cuarentena por una oposición, la del PSOE, que ha pasado de alertas de «desmantelamiento» a detectar ese proceso en informes del Ayuntamiento. El portavoz socialista en elAyuntamiento, Juan Espadas, habló ayer de la existencia de otro informe del Interventor, que es a la postre el fiscalizador de las cuentas del Consistorio, donde pone sobre aviso de que 120 millones del presupuesto están en el aire por la aplicación estricta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La Intervención recoge un listado en el que cuantifica en 76,9 millones las competencias impropias más otros 41,7 millones que, al menos, tienen el paraguas de la Ley autonómica (Laula). Principalmente, este primer montante afecta a las áreas de empleo, igualdad y asuntos sociales. De las políticas de empleo ya movió ficha el Ayuntamiento: optó por dar continuidad a las escuelas taller y paralizar otros programas. Pero en esa tabla figuran otras partidas importantes consideradas como competencias impropias por el interventor, caso del servicio de ayuda a domicilio (24,6 millones), la intervención con personas mayores y discapacitados (17,3 millones), planes de promoción de la mujer (1,1 millones), el Plan de Drogodependencia, la Unidad contra la Violencia de Género o el Plan contra la prostitución, entre otras. Estos servicios no es que desaparezcan, pero sí se encuentran en un limbo jurídico que deberán resolver quién deberá asumir en solitario, ya que la mayoría son programas cofinanciados entre Consistorio y Junta. Ante esta indefinición, Espadas alertó de la «situación crítica» en la que se encuentra el área de Servicios Sociales, que a su juicio puede seguir los pasos de los programas de empleo y quedar «desmantelada antes de finalizar el año». «Zoido tiene que tomar decisiones políticas ya. No puede seguir poniéndose de perfil como si no tuviera responsabilidad alguna en la ley que ha aprobado con Rajoy», recalcó el dirigente socialista, que insistió en el error que supondría «dejar de prestar servicios cuantificados en 120 millones de euros». Por eso, emplazó al alcalde a que se acoja al blindaje puesto en marcha por la Junta de Andalucía para mantener las competencias de los ayuntamientos. «En juego están los programas de empleo, servicios sociales, mujer, consumo, la dependencia, la ayuda a domicilio, los planes integrales Su Eminencia y Tres Barrios Amate o la violencia de género, apunta. Al hilo de ello, recuerda que esas competencias «pueden sufrir su golpe definitivo» a finales de este años. Y, ya de paso, lanzó una promesa:reconstruir los servicios sociales a partir de mayo de 2015 si es elegido alcalde. Frente a esta denuncia, el Ayuntamiento negó la mayor. «El Ayuntamiento no ha desmantelado los servicios sociales ni piensa hacerlo, prueba de ello es el incremento de personal, sin precedente, que se ha hecho con nueve auxiliares, funcionarios de plantilla, para la dependencia o el incremento del presupuesto entre otras acciones», indicó la delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores De Pablo-Blanco, que contrapuso dos modelos: el del Consistorio, que reivindicó con la puesta en marcha de un plan especial en materia social de 7 millones, frente a la Junta de Andalucía, a la que acusó de «recortar 4.331.166 euros, respecto a 2010, para la financiación de diversos programas sociales».