El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, y el concejal socialista Juan Carlos Cabrera han mantenido este lunes una reunión de trabajo con representantes sindicales del comité de empresa del Ayuntamiento, con su presidente, Manuel Loza, a la cabeza para analizar el alcance de los efectos "negativos" de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy.
Así, apunta a consecuencias "demoledoras" sobre la prestación de servicios públicos y el mantenimiento de los puestos de trabajo, "toda vez que con el único criterio de la sostenibilidad financiera, vacía de contenido la autonomía municipal y diseña la disolución de empresas y organismos municipales, apunta a privatizaciones y deja sin competencias a los ayuntamientos en materia de vivienda pública, cultura, salud, medio ambiente y políticas de igualdad". De este modo, Espadas inicia una ronda de contactos con los sindicatos que hará extensiva al conjunto de empresas municipales ante la "delicada situación a las que el PP las empuja", como ya denunció la semana pasada el portavoz socialista en el caso concreto de "una Emvisesa totalmente vacía de contenido, funciones y proyectos".
En un comunicado, el PSOE informa de que, aunque el texto de la reforma legal está aún en fase de anteproyecto e iba a aprobarse en el Consejo Nacional de Administración Local el pasado 30 de julio, el líder de la oposición considera "cómplice del mismo y por tanto de la mayor agresión a la autonomía local de la democracia" al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), puesto que ha sido bajo su mandato como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cuando "el PP ha redactado esta descapitalización de competencias y servicios públicos que los Ayuntamientos han venido prestando durante décadas".
El PSOE reclama a Zoido que abandone su "silencio cómplice" y abandere dentro de su partido la "capacidad de decidir" de los ayuntamientos respecto a los servicios que prestan a sus ciudadanos. "Es evidente que deben equilibrarse las cuentas públicas municipales y hasta que se recuperen los ingresos atender los servicios públicos esenciales, pero los socialistas se oponen a que los planes de ajuste del Gobierno de Rajoy hipotequen para siempre la capacidad de decisión de los ayuntamientos y justifiquen el desmantelamiento o la privatización progresiva de las empresas municipales, proceso que el anteproyecto de Ley fija en un calendario que culmina en diciembre de 2014", sentencia.
