El portavoz municipal socialista, Juan Espadas, insistió ayer en que la Junta de Andalucía está estudiando qué consecuencias legales podría tener la decisión de La Caixa de desligar su proyecto de Caixafórum de las Atarazanas, como ya informó ayer este periódico, y afirmó que el acuerdo de cesión del edificio durante 75 años firmado por el Ayuntamiento y La Caixa no se puede quedar en "papel mojado".
La entidad bancaria anunció la semana pasada que renunciaba a la cesión de las Atarazanas, donde iba a instalarse el Caixafórum, desentendiéndose de la restauración a la que se había comprometido cuando en 2009 firmó un convenio que le otorgaba el uso del edificio durante 75 años. La Junta no ha aclarado si ese convenio, que no se ha hecho público a pesar de las reiteradas peticiones de este periódico a la Consejería de Cultura, incluía alguna cláusula que previera la ruptura del trato, aunque fuentes cercanas a la negociación indican que no se tomó esa precaución porque el Consistorio confió en la solvencia de la caja de ahorros catalana. Sin embargo, ahora se buscan resquicios legales para reclamar a La Caixa responsabilidades por haber roto el acuerdo unilateralmente.
El convenio preveía que las Atarazanas, construidas en 1252 bajo el reinado de Alfonso X y declaradas Bien de Interés Cultural, fuesen rehabilitadas de acuerdo con la propuesta de intervención diseñada por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, que incluía la adaptación de los espacios a los usos expositivos previstos para el Caixafórum con una inversión de 25 millones de euros.
Pero La Caixa informó la semana pasada de que había acordado con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, construir el Caixafórum en la Torre Pelli, de su propiedad, lo que abarataría el coste. Esta decisión dejaba por el contrario a las Atarazanas sin uso ni proyecto de restauración a la vista.
La decisión de abandonar las Atarazanas se producía después de que el área municipal de Urbanismo reclamase un plan especial de actuación previo a la rehabilitación, por lo que Espadas concluyó ayer que el asunto debe derivar en una "negociación" porque el convenio firmado entre las partes no puede ser tratado como "papel mojado".
La Junta de Andalucía, propietaria del monumento, insiste además en que ese plan especial no es necesario y culpa al Ayuntamiento del fracaso del proyecto de Caixafórum, que hubiese supuesto la rehabilitación integral de la antigua fábrica naval sin coste para las arcas municipales.
"Hay que negociar y sentarse a hablar respecto a ese convenio y analizar, en la medida de lo posible, que La Caixa se replantee la decisión que parece tener cerrada", señaló Espadas, que explicó que la Junta trabaja ya en este asunto y analiza "en qué medida La Caixa debe negociar su planteamiento".
El concejal de Urbanismo, por su parte, insistió ayer en la necesidad de un plan especial para rehabilitar las Atarazanas y afirmó que el documento que el exdirector técnico de Urbanismo Andrés Salazar envió en enero al Colegio de Arquitectos asegurando que no lo creía necesario "no es vinculante". "Es sólo su opinión. No es un documento vinculante", dijo Maximiliano Víchez, que recordó que Salazar fue despedido y defendió que se trata de una exigencia del PGOU refrendada por el servicio de Licencias de Urbanismo y por la asesoría jurídica.
Sin embargo, no pudo aclarar si eso supone que la rehabilitación de otros edificios emblemáticos, como el Palacio de San Telmo, que se han realizado sin ese plan especial, inclurren por tanto en algún tipo de ilegalidad.
