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España impulsará en la UE un mayor control para los bancos

La legislativa popular crea recelos por el temor a que se abuse de ella.

el 13 ene 2010 / 21:07 h.

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El Gobierno impulsará durante la Presidencia española de la Unión Europea (UE) el marco europeo de supervisión financiera, que supondrá un "mayor control" de estas entidades con el objetivo de garantizar una mayor transparencia en el sector.


Así lo anunció ayer en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras reunirse en Sevilla con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y varios miembros de su Ejecutivo. De la Vega situó esta medida como uno de los objetivos del Gobierno durante los seis meses de la Presidencia española con la idea de promover el nuevo marco de supervisión financiero, un sector, recordó, en el que está el "origen" de toda la crisis económica.


De hecho, ayer en La Granja (Segovia), en la primera reunión ministerial de la presidencia española de turno de la UE, que se prolongará hasta hoy, los responsables de asuntos europeos mostraron su consenso sobre la necesidad de abordar la crisis "de manera conjunta y con una acción más rápida y flexible", según fuentes de la presidencia de turno española. Estas mismas fuentes informaron que los ministros para Europa en el encuentro dieron especial "importancia a la recuperación económica, al aspecto de que la UE tenga una única voz en el mundo y, además, a la lucha contra el cambio climático y a la inmigración".


Sobre la legislativa popular, una novedad que introduce el Tratado de Lisboa, el secretario de Estado español para la UE, Diego López Garrido, manifestó que los gobiernos de la UE se inclinan por permitir que un millón de firmas procedentes de al menos nueve estados miembros puedan sugerir a la Comisión Europea que presente una propuesta en las políticas competencia de la Unión. "La mayoría" de miembros del Consejo manifestó su preferencia a establecer en "un tercio" el número mínimo de países a los que debe pertenecer el millón de europeos que quieran pedir al Ejecutivo comunitario una propuesta legislativa concreta, precisó López Garrido.


Tras aclarar que a la presidencia española, tanto la opción de un tercio -que apoya la Comisión Europea- como la de un cuarto de estados miembros por la que se inclina el Parlamento Europeo le parecen "razonables", precisó que las mayores diferencias entre los gobiernos se centran en cuándo debería considerarse "admisible" una iniciativa ciudadana. López Garrido detalló que algunos ministros advirtieron del riesgo de un "posible abuso de esa técnica", por lo que se produjo un debate intenso sobre qué hacer ante una iniciativa "manifiestamente ilegal". El secretario de Estado se mostró a favor de "evitar los abusos o la desnaturalización" de la iniciativa y subrayó que "en general", el resto de socios dio un "apoyo clarísimo" a que "se desarrolle lo antes posible", como quiere la presidencia española.

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