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El Gobierno español está estudiando por la vía diplomática la posibilidad de extraditar a los piratas del Alakrana que se encuentran detenidos en España bien para que sean juzgados en Somalia, o bien para que cumplan su condena en ese país una vez juzgados por la Audiencia.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recordó ayer a los periodistas desplazados a Sopot (Polonia) para cubrir la cumbre hispano-polaca, que no existe convenio de extradición con Somalia y explicó que se está estudiando el modo de encajar jurídicamente una hipotética entrega de los piratas somalíes, condición de los secuestradores del Alakrana para liberar a los 36 tripulantes del pesquero, entre los que hay 16 españoles, retenidos desde el 2 de octubre.
Lo que sí está claro, subrayó Caamaño, es que los detenidos deben ser juzgados y que el hipotético convenio debe cumplir con todos los requisitos del Estado de derecho, con lo que si los piratas son enviados a Somalia los jueces españoles deberían estar en condiciones de supervisar el juicio que se celebre en ese país.
En el mismo sentido también se manifestó el presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, al asegurar ayer que el Gobierno "sabe lo que hace" ante el secuestro del atunero y "entiende que la situación puede estar encauzada", pero pidió apoyo y prudencia a los partidos y a los medios de comunicación. Así, garantizó que "desde el primer día" se están utilizando todas las vías políticas, diplomáticas, legales y de inteligencia para lograr la liberación de la tripulación. En este contexto, pidió "comprensión" a las familias e instó a los medios a actuar con "prudencia y discreción", ya que cada palabra que se dice en España es escuchada inmediatamente por los piratas en el Índico y se convierte en un elemento de la negociación.
Tras estas declaraciones del presidente, la mujer de uno de los marineros retenidos Silvia Albés, valoró ayer la "implicación" de presidente Rodríguez Zapatero, en el secuestro y matizó que "más vale tarde que nunca".
En declaraciones a Efe, la esposa de Pablo Costas señaló que "si se involucran todos en general, podremos ver una salida" y reclamó un "esfuerzo de todos" para resolver este secuestro. A su juicio, el presidente del Gobierno "tenía que haber estado ahí desde el primer día" aunque reconoció que "no es el momento de tirarnos de las orejas" sino de "poner toda la carne en el asador" para buscar "una pronta solución" al secuestro.
Medidas legales. También, el juez de la Audiencia Baltasar Garzón mostró ayer su apoyo a los marineros ante una "grave" situación para la que, en su opinión, existen medidas legales que permitan llegar a una solución "compatibilizando los principios de la protección de las víctimas y de la persecución del delito" y, en cualquier caso, sin ceder a presión alguna por parte de los piratas. El magistrado consideró que tanto la Armada como el Gobierno no se precipitaron y tomaron la decisión "correcta" en el momento de la detención de los piratas, mientras que la Justicia "también hizo que lo que debía".