Economía

España se asoma al precipicio

Los ataques del mercado sitúan al país al borde del rescate en verano y la prima de riesgo roza los 500 puntos en noviembre.

el 26 dic 2011 / 21:07 h.

España empezó la crisis más tarde que los demás. El tener superávit en las cuentas públicas y un sistema financiero fuerte hizo que sufriera con menos violencia las primeras embestidas de la tormenta que comenzara en EEUU en el verano de 2007. Pero no siempre lo que bien empieza bien acaba. Ya en 2008 la quiebra de Lehman Brothers precipitó, como sucedió en buena parte de los países europeos, la caída de España a los infiernos, aunque nunca lo vivió con tanta intensidad como el pasado verano.

Desde el rescate griego de la primavera de 2010 y a pesar de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha una serie de duras medidas -entre ellas una reforma laboral que le costó la única huelga general de sus ocho años de legislatura-, los ojos de los especuladores se posaron sobre España. No sólo centraron sus miradas en nuestro país, también lo hicieron en otros de los denominados periféricos, entre ellos Irlanda y Portugal.

El primero cayó antes de que acabara 2010. Portugal, por su parte, tuvo que ser rescatado ya en 2011.

Tras estas debacles y con unos mercados más agresivos que nunca, España se convirtió en el siguiente objetivo de los especuladores. Después de que Grecia pidiera un segundo rescate antes de verano, el periodo estival fue el infierno para España. Los ataques a la deuda del país se endurecieron como nunca a partir de agosto. Así, el peor momento fue el día 5, cuando la prima de riesgo se disparó hasta los 417,6 puntos. Eso trastocó incluso los planes vacacionales de Zapatero.

El entonces presidente retrasó unas horas su marcha a Doñana el día 2 de agosto, hasta el cierre de los mercados financieros. Quería seguir la evolución de la prima de riesgo española, que ese día superó los 400 puntos básicos. Cuando por fin viajó a Doñana, el día 3, fue solo para dejar a su familia y emprender la vuelta a Madrid, donde se reunió con su vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, y el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui. Los tres analizaron en La Moncloa las evoluciones de los mercados financieros. Salgado ya anunció en ese momento que tanto el jefe del Ejecutivo como ella estarían disponibles durante las vacaciones.

El día 4, para mayor desastre, el entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, salió a la palestra para intentar calmar a los mercados y consiguió justo lo contrario. Ese día Trichet dejó entrever que el BCE volvería al mercado de deuda para reducir la situación de inestabilidad. Todo hacía pensar que se refería a Italia y España. Sin embargo, cuando más cundía el optimismo, fuentes del mercado confirmaban que la deuda que acababa de adquirir pertenecía a Irlanda y Portugal.

Días después, tuvo que confirmar la compra de bonos tanto españoles como italianos para calmar a los mercados ante una situación de extrema gravedad para el euro. De hecho, Trichet mandó una carta a Zapatero para decirle que esta ayuda no era gratis, de ahí la reforma constitucional aprobada en septiembre y la sugerencia de aplicar los mini-jobs para atajar el paro juvenil.

En noviembre volvieron los ataques a la deuda de España, cuando la prima de riesgo se acercó a los 500 puntos y el interés exigido al bono español a diez años rozaba el nivel crítico del 7%. La recta final del año está maquillando el drástico castigo que ha recibido durante todo 2011 la deuda pública española.

La Constitución se reforma por el déficit
Los ataques a la deuda soberana española se hicieron especialmente intensos en agosto. De hecho, logró que, tras siete años de Gobierno socialista, PSOE y PP se pusieran de acuerdo en algo, y no precisamente en un tema baladí, sino en la reforma de la Constitución.

Se trata del último anuncio de Zapatero para calmar a los mercados, al Banco Central Europeo y al eje franco-alemán con el objetivo de salvar a España de una intervención que cada vez se tornaba más probable.

El PSOE y el PP cerraron inmediatamente el acuerdo para modificar la Constitución con el fin de incluir en ella un principio genérico de estabilidad presupuestaria que impide al Estado y las comunidades incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la UE.

Las cifras tope de déficit se recogen en una ley orgánica, que ambos partidos se han comprometido a aprobar antes del 30 de junio de 2012. Dicha ley precisará un déficit estructural máximo del 0,4% para el conjunto de las Administraciones Públicas.

A pesar de las protestas de los grupos minoritarios y por vía de urgencia, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 2 de septiembre la reforma del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria con el apoyo de los dos grandes partidos, PSOE y PP, además de los dos representantes de UPN.

La votación se saldó con 316 votos a favor de la reforma y cinco votos en contra (CC, UPyD y dos del PSOE -uno del ex sindicalista Antonio Gutiérrez y otro de un diputado que se equivocó-). Los tres diputados de la corriente Izquierda Socialista no acudieron a votar por estar en contra. Ninguna de las enmiendas presentadas por los partidos minoritarios fue aceptada. Los diputados de BNG, NaBai, ERC, ICV se ausentaron en el momento de la votación como gesto de protesta. Los representantes de CiU y PNV, pese a quedarse dentro del Hemiciclo no votaron.

Por su parte el diputado de IU, Gaspar Llamazares, no abandonó el Pleno, pero para poder vetar dos enmiendas transaccionales ofrecidas a última hora a CiU por PSOE y PP.

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