España tiene una idea para el campo. Se trata de un nuevo modelo para repartir las ayudas agrarias comunitarias consistente en una subvención de cien euros por hectárea para todos y cada uno de los agricultores sin tener en cuenta ni lo que cosechan ni lo que han cosechado históricamente, lo que conlleva dar un vuelco radical al cálculo y a la distribución actuales y penalizar, de manera indirecta, a aquellas comarcas más productivas y con más peso de la agricultura, y tal es el caso de las andaluzas.
Éste es el planteamiento recogido en un borrador provisional de la propuesta que el Gobierno español trasladará a sus socios comunitarios para la reforma de la PAC (o Política Agrícola Común), cuyos debates oficiales arrancarrán precidamente durante el semestre en que aquél ejercerá la Presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE).
Y todo ello mirando a 2013, cuando concluye el actual marco financiero y el nuevo, 2014-2020, tendrá restricciones presupuestarias debido a la crisis económica, según reconoce el documento.
Hoy, en el transcurso del Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores, organizado por la patronal Asaja, las ideas españolas para tal reforma serán uno de los ejes centrales, toda vez que participan en el foro el secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, Georg Haüsler, jefe del Gabinete del próximo comisario europeo de Agricultura, y el presidente del Comité de Organizaciones Orofesionales Agrarias de la UE (COPA), Padraig Walshe, entre otros.
"Existe un cierto consenso en que, con el paso del tiempo, la referencia histórica se aleja de la realidad. Deben buscarse por ello nuevas referencias que reflejen los servicios que la agricultura presta al cojunto de la sociedad". Éste es el argumento principal esgrimido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino -el que ha elaborado el citado borrador- para sustentar su propuesta de esos cien euros por hectárea "aplicables por igual a todos los agricultores que ejerzan su actividad sobre esa superficie", dice el documento.
En estos momentos, la mayoría de las subvenciones agrarias se conciben como un pago único sin estar ligado al volumen de producción, si bien calculado sobre varias cosechas pasadas (son los años de referencia). Una parte minoritaria, en cambio, se concede en función de la cantidad de cultivo recolectado o del número de cabezas de ganado.
La ayuda plana (como si fuera una tarifa plana) planteada no tendría en cuenta esos años de referencia, sino esos cien euros lineales (para todo el mundo) aunque, agrega el borrador, "sería interesante estudiar la posibilidad de exigir alguna actividad agraria [en las tierras que reciben el dinero]".
Se trataría, por tanto, de una prima común, aunque estaría complementada por otras a los territorios desfavorecidos, a sectores y explotaciones más vulnerables y, por último, a las fincas con mayores compromisos medioambientales.
¿Y por qué perjudica?
El cambio radical que se propone implica un perjuicio para Andalucía porque, según fuentes de las organizaciones agrarias, se perderían ayudas que ahora vienen a Andalucía, la comunidad española que más recibe (en torno a 1.900 millones de euros por campaña). Se obviaría su capacidad productiva, que es la que marca las ayudas actuales, y se beneficiarían las zonas y fincas menos productivas.
