La poco frecuente decisión de la Comisión Nacional de la Competencia de investigar las continuas subidas del precio de alimentos básicos como la harina, el pollo o los huevos, debe llegar a sus últimas consecuencias para tranquilidad del consumidor. La, al día de hoy, sospecha de que las patronales alimentarias están pactando de forma irregular la subida de precios tras calentar interesadamente el ambiente comercial para justificar dicho alza tendrá que ser confirmada antes de adoptar una decisión final. Pero si se demuestra que las empresas han actuado como Competencia supone la sanciones deberían ser especialmente ejemplares. Porque no resulta admisible para los ciudadanos que se juegue con el precio de alimentos esenciales de la cesta familiar con la intención de sacar provecho del reajuste económico que ya está sufriendo el país. "Con las cosas de comer no se juega", afirma el sabio refrán popular y en este caso parece que este dicho sagrado se ha vulnerado en todo o en parte de forma maliciosa. La reacción de la patronal culpando al Gobierno de presionar al órgano competente para que haga un escarmiento con las empresas alimentarias a modo de cortina de humo de su propia pasividad por haberse inhibido hasta ahora en la materia es una acusación muy grave que también merece otra respuesta si sólo fuera una salida de tono. Los consumidores merecen por derecho estar especialmente informados en este caso porque no sólo se está jugando con su cartera sino, presuntamente, negociando con la cosas de comer. El español medio llegó desgraciadamente a asimilar la brutal especulación que durante una década ha actuado a sus anchas en el sector del ladrillo. También está acostumbrado a digerir en silencio las continuas subidas de los combustibles -casi siempre antes de las vacaciones- con resignación. Pero jamás entendería que los especuladores hayan invadido el sector alimentario sin que el Gobierno intervenga para evitarlo.
