Vuelta a empezar, y casi de cero. Pese a que el acuerdo entre Estado, Junta y Ayuntamiento era total hace unos meses sobre el uso archivístico de la Fábrica de Artillería, el desmarque del Ministerio de Cultura, ya rectificado, ha generado dudas. Tantas que habrá que redimensionar la operación.
La Fábrica de Artillería será, previa costosa rehabilitación, un complejo archivístico, algo así como un campus documental en el que hallarán cabida el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, dependiente del Estado pero de gestión autonómica; y el Archivo General de Andalucía, responsabilidad de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Entre medias, el Ayuntamiento, que es ya propietario de la fábrica (tras su desafectación por parte de Defensa), cede esta mole patrimonial para tales menesteres a cambio de su puesta a punto, lo que requerirá de un montante no inferior a los 70 millones de euros. Y de paso, como parece lógico, intentará reservarse algunos de sus 20.000 metros cuadrados para que quede constancia de dicha propiedad, con lo que también deberá invertir o buscar alguien que lo haga en su nombre (se baraja la posibilidad de que varias fundaciones culturales hallen aquí acomodo).
Este estado de cosas, que es el que estaba acordado desde hace unos tres años -existe un anteproyecto detallado con reparto de espacios Estado-Junta incluso-, corrió peligro con el desmarque oficioso perpetrado desde el nuevo Ministerio de Cultura que dirige César Antonio Molina. Sólo la diplomacia política sevillana ha logrado reconducir la situación, reenganchando aun al Estado -la inversión es muy onerosa, sobre todo cuando ya tiene abierta otra de calado: la ampliación del Museo de Bellas Artes- y, ayer mismo, a la Consejería de Cultura, que también daba por olvidada la opción Fábrica de Artillería tras la rajada ministerial.
